Nueva York. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede obligar a los “estados y ciudades santuario“ a cooperar con las autoridades de inmigración como una condición para liberarles fondos federales de seguridad, dictaminó este viernes el juez de distrito, Edgardo Ramos.

El fallo de Ramos, dado en Manhattan, es una victoria para la ciudad de Nueva York y los estados de Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Virginia y Washington, que habían demandado al gobierno de Trump por esta condición que impuso desde julio pasado.

El magistrado, quien es al menos el cuarto juez federal que ha fallado contra la administración federal sobre su política antimigratoria, ordenó al gobierno invalidar las condiciones de la subvención y al Departamento de Justicia liberar los fondos sin condiciones.

La decisión de hoy es una gran victoria para la seguridad de los ciudadanos neoyorquinos, comentó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, quien junto a su administración encabezó la demanda con los demás estados.

Como argumentamos, la policía local tiene el derecho de decidir cómo satisfacer sus necesidades de seguridad pública, y la administración Trump simplemente no tiene el derecho de exigir que las policías estatal y local actúen como agentes federales de inmigración.

El gobierno anunció el año pasado que para recibir financiamiento asociado a temas de seguridad, los gobiernos estatales y locales deben dar a las autoridades federales de inmigración acceso a sus cárceles y un aviso anticipado de la liberación de inmigrantes.

Los seis estados que recibieron fondos por un total de 25 millones de dólares el pasado año fiscal, dijeron en su demanda que se les fijó como plazo el 10 de agosto para responder si querían aceptar recursos económicos bajo esas condiciones.

Jueces de Pensilvania, California e Illinois ya fallaron contra esos requerimientos. La Corte de Apelaciones del séptimo circuito ratificó la decisión de Illinois y determinó que el Congreso, y no el gobierno, tiene la autoridad para decidir cómo se gastan los fondos.

El procurador general de Texas, Ken Paxton, interpuso hoy una demanda contra la ciudad de San Antonio y su jefe de policía, por supuestamente violar la ley SB4 que prohíbe las llamadas ciudades santuario y sanciona a quienes se nieguen a acatar las leyes federales de inmigración.

En su querella, Paxton solicitó a una corte federal que obligue a la ciudad de San Antonio y a su jefe policíaco William McManus a cumplir con la SB4, y que prohíba al Departamento de Policía frustrar el trabajo de las autoridades federales de inmigración.

En tanto, decenas de manifestantes, algunos de ellos encadenados entre sí y a barriles llenos de arena, bloquearon durante unas cuatro horas este viernes la entrada a un edificio federal en Connecticut en respaldo a Nelson Pinos, un inmigrante ecuatoriano de 44 años, quien vive en una iglesia de New Haven desde hace un año para no ser deportado.