Tijuana, BC., Voceros de la Caravana Migrante anunciaron que 20 de los centroamericanos que se encuentran en el albergue Benito Juárez iniciaron este jueves una huelga de hambre por tiempo indefinido.

La protesta se lleva a cabo en la zona federal de El Chaparral, donde se ubica la garita internacional Tijuana-San Ysidro.

En conferencia de prensa, Xóchitl Castillo y David Abud, portavoces de la caravana, precisaron que el ayuno se realiza frente a las oficinas de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), y en ella inicialmente participarán 10 mujeres y 10 hombres, a los que se sumarán otras 30 personas hasta llegar un total de 50 manifestantes.

Los voceros calificaron de ilegal la lista de peticionarios de asilo que lleva el INM, pues eso le corresponde a las autoridades migratorias estadunidenses.

Los migrantes buscan con esta medida presionar al gobierno de Estados Unidos para que incremente la atención a solicitantes de asilo, de 40 a 50 por día, y que el servicio se ofrezca alternado con los solicitantes mexicanos desplazados por la violencia, sobre todo la que prevalece en los estados de Michoacán y Guerrero.

Datos de la Dirección de Atención al Migrante del gobierno estatal señalan que en Baja California se han documentado 8 mil 297 centroamericanos, de los cuales mil 207 están en albergues de Mexicali y poco más de 7 mil en Tijuana.

Antes de que comenzara la huelga de hambre en la zona norte de Tijuana, personal de migración trató de desactivar la protesta y convencer a los centroamericanos de que regresaran al refugio temporal de la unidad deportiva Benito Juárez.

Los migrantes rechazaron la petición y adelantaron que si no se atienden sus solicitudes, 20 nuevos ayunantes se sumarán la tarde del viernes a los que ya participan en la protesta con la intención de que el gobierno estadunidense incremente el número de entrevistas para tramitar asilo, lo que hará a los centroamericanos abandonar territorio mexicano y así concluir su periplo.

Para organizaciones defensoras de los derechos humanos de ambos lados de la frontera, entre ellas la Coalición Prodefensa del Migrante, el número reducido de entrevistas autorizadas por la administración del presidente Donald Trump es un mecanismo de control para criminalizar a la migración y provocar actitudes xenofóbicas y racistas hacia los centroamericanos.