La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior en México es un paso significativo para revertir la militarización de la seguridad pública en el país, consideró un grupo de seis especialistas en procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un pronunciamiento, los expertos apremian al Estado mexicano a no adoptar ninguna medida que consolide el paradigma militar en materia de seguridad.

El creciente papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen, aunado a la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, ya ha dado lugar al bien documentado incremento en las violaciones de derechos humanos en México, indicaron los especialistas.

Los expertos destacaron que en numerosas recomendaciones emitidas por diversos mecanismos de la ONU se resalta la necesidad de restringir la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, separar debidamente las funciones policiales y militares e instituir mecanismos efectivos de control civil, así como garantizar la rendición de cuentas ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de estas corporaciones.

Reiteramos nuestra disposición para asistir al Estado mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas en México, indicaron.

Los especialistas son Tae-Ung Baik, Bernard Duhaime, Houria Es-Slami y Luciano Hazan, Henrikas Mickevičius, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Asimismo, Seong-Phil Hong, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; así como David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión