Además de solicitar amparos colectivos y buscar apoyos en el extranjero, jueces y magistrados federales de todo el país acudieron directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esa instancia analice la legalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y pidieron que se les otorguen medidas cautelares que impidan la aplicación de la norma.

La SCJN dio entrada a dos recursos de consulta a trámite para que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo elabore un proyecto de sentencia que deberá ser analizado por el pleno del máximo tribunal.

Impartidores de justicia que fueron consultados no descartaron impulsar un movimiento de paros como los ocurridos en España en 2012, cuando el gobierno impulsó medidas legislativas y económicas que también fueron consideradas una injerencia.

La SCJN inició los expedientes de consulta a trámite –12/2018 y 13/2018– en los cuales jueces y magistrados solicitan al tribunal plena información sobre el trámite a seguir respecto de la controversia que plantean diversos magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación e, incluso, sobre la procedencia de las medidas cautelares que solicitan, y que están relacionadas con la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la cual se afirma que ningún funcionario puede obtener un salario superior a los 108 mil pesos que percibirá mensualmente el Presidente de la República.

Ambos casos fueron turnados al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que elabore un proyecto de sentencia que será discutido en el pleno de la Corte. Funcionarios judiciales consideraron que el tema resulta novedoso para el derecho mexicano y podría tener gran trascendencia, como en su momento lo fue el caso de Rosendo Radilla, que generó modificaciones legales de gran envergadura y que llevaron a crear criterios en materia de derechos humanos.

En estos casos, los magistrados y jueces que presentaron el primer recurso están adscrito al decimosexto circuito, con sede en el estado de Guanajuato, entre ellos: Alberto Augusto de la Rosa Baraibar, magistrado de circuito; Günther Demián Hernández Núñez, juez de distrito; Christian Alfredo Samayoa Mendoza, juez de distrito, y Luis Fernando Arreola Villa, juez de distrito.

Trascendió que la consejera de la Judicatura Federal Martha María Álvarez Hernández presentó en días pasados, en acuerdo con jueces y magistrados adscritos a juzgados y tribunales federales con sede en los estados de Yucatán y Quintana Roo, una demanda de amparo, también para combatir la Ley Federal de Remuneraciones.