l fallecimiento de Carlos Bonnin Erales, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ocurrido el lunes pasado, ha dado pie a especulaciones, sospechas y un manoseo mediático lamentable. Como se sabe, el 26 de noviembre el funcionario cayó del quinto piso de la sede de esa institución, ubicada en el sur de Ciudad de México y fue trasladado con lesiones graves a un hospital próximo, en donde falleció.
El pleno del Inai emitió varios comunicados en los que afirmó que el comisionado había fallecido a causa de un infarto cardiaco
y el titular del organismo, Francisco Javier Acuña Llamas, alentó durante horas la difusión de esa versión en los medios informativos. En el curso del mismo lunes fue emergiendo la verdad y, aunque no ha sido legalmente establecida la razón por la cual Bonnin Erales se precipitó desde el quinto piso del edificio –en otros términos: si fue un acto voluntario o un accidente–, resultó evidente la intención del instituto de ocultar lo ocurrido.
En las horas y días siguientes la dirección del organismo ha buscado explicar en diversos espacios, y sin mucha fortuna, el motivo del anuncio distorsionado, ha entrado en una agria polémica con la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México por la filtración de fotografías del suceso y a la postre no ha logrado más que alimentar el escepticismo imperante.
Al margen de lo mucho que se ha escrito y especulado en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales sobre una presunta vinculación entre el fallecimiento de Bonnin Erales y los expedientes en los que trabajaba antes de morir, resulta escalofriante el hecho de que, enfrentada a un asunto trágico en su interior, la entidad del Estado encargada de garantizar la transparencia y de proteger los datos personales haya incurrido en semejante acto de opacidad, por un lado, y se haya visto involucrada, por otro, en la filtración de imágenes que nunca debieron hacerse del dominio público, tanto por respeto a la memoria del fallecido como por consideración a su familia. No está claro aún si la responsabilidad por esa exhibición lamentable se encuentra en la instancia procuradora o en el propio Inai, pero debe señalarse que en este punto medios e informadores que presumen profesionalismo incurrieron también en una grave falta de ética al prestarse a difundir tales fotografías sin más propósito visible que el sensacionalismo impulsor de circulación, impacto y tráfico.
El lamentable episodio ilustra, en todo caso, la inoperancia de un organismo que, en términos generales, ha fallado en su misión principal: transparentar el ejercicio gubernamental para disponer de elementos preventivos y correctivos de la vasta corrupción que afecta a las oficinas públicas y evitar el mal uso de datos personales; a este respecto, cabe recordar que, con frecuencia, bases de datos enteras, como el Listado Nominal del Instituto Nacional Electoral, han sido comercializadas de manera ilegal por varias vías, y que grandes sectores de la ciudadanía se encuentran expuestos al acoso publicitario o de cobranzas sin que nadie ponga freno a esa situación.
Ya sea por fallas de diseño institucional, por carencia de atribuciones legales, por falta de voluntad política de sus comisionados o por las tres razones, el Inai no funciona, pero consume, como ocurre con el resto de las entidades autónomas y organismos desconcentrados establecidos en el pasado reciente, desmesuradas porciones del presupuesto público.
