Especialistas en atención de VIH sida expusieron la necesidad de continuar financiando la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), pues su intervención ha prevenido 65 mil muertes.

Al presentar un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida), la directora del último, Patricia Uribe, detalló que el apoyo a las asociaciones no gubernamentales ha significado la prevención de muertes y se han detectado 50 mil infecciones de 2004 a 2017.

Grupos en riesgo

Expuso que para México las poblaciones con comportamientos específicos que tienen prevalencias significativamente más elevadas que la población general son hombres que tienen sexo con hombres (17.3 por ciento); hombres trabajadores sexuales (24.1 por ciento); transgénero femeninas (18.3 por ciento) y personas que se inyectan drogas (5.78 por ciento). Abundó que otros grupos con prevalencia relativamente elevada son las mujeres trabajadoras sexuales (0.79 por ciento) y personas privadas de su libertad (0.7).

Por su parte, el representante del UNFPA en México, Arie Hoekman, detalló que desde 2006 Censida ha financiado mil 346 proyectos comunitarios en todas las entidades federativas del país con un monto promedio de 40 mil dólares cada uno, lo que representa cerca de 52 millones de dólares invertidos.

En 1983 se reportó el primer caso de sida en México. A través del documento el UNFPA destaca que desde entonces el gobierno y sociedad civil han trabajado mano a mano en la respuesta nacional a la epidemia.

Una de las vías para hacerlo ha sido a través de mecanismos de contratación social, es decir, el financiamiento público a OSC para la provisión de servicios de salud específicos.

El caso de México es paradigmático debido a que desde 2006 cuenta con diversos mecanismos de la llamada contratación social, como lo es la Convocatoria Censida, el Programa de Conversión Social de Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) o el programa de ProEquidad del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Los hallazgos de UNFPA y Censida apuntan a que, para que puedan desarrollarse mecanismos de contratación social, es necesario contar con un marco legal y fiscal favorable, que existan organizaciones con cierto grado de desarrollo institucional par recibir financiamiento para la provisión de servicios sanitarios, que haya mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como espacios de diálogo entre actores.

En el texto se advierte que, a pesar del avance y los logros alcanzados, aún quedan retos en materia de fortalecimiento institucional, así como en la sistematización y el intercambio de experiencias –positivas y negativas– que permita tanto a las organizaciones de la sociedad civil, como al Estado hacer más eficaces y eficientes las intervenciones destinadas a dar una respuesta a esta enfermedad.

En tanto, Gabriela García Patiño, coordinadora del programa Mujeres, Derechos Sexuales y VIH de la no gubernamental Balance, expresó que si bien es positivo los mecanismos de financiamiento gubernamentales ello no quita la responsabilidad de los gobiernos locales de invertir en la prevención y atención de casos de VIH sida de forma comunitaria.