Los amparos interpuestos por el pueblo indígena de El Contadero, Cuajimalpa, en contra de la construcción del hospital general de la demarcación han evidenciado ilegalidades cometidas por servidores públicos de los gobiernos federal y capitalino durante la programación, planeación y ejecución de la obra, declaró a La Jornada Bernar Flores, de la defensa jurídica del citado pueblo originario.

Hemos documentado que el Hospital Materno-Infantil destruido por una explosión de gas el 29 de enero de 2015, había crecido de manera irregular, al pasar de bodega del entonces Departamento del Distrito Federal a dispensario médico, para ser finalmente un pequeño hospital.

Recordó que la suspensión de la reconstrucción en 2017 no fue por falta de pagos al constructor como argumenta el jefe de gobierno José Ramón Amieva, sino porque la obra era, y es, ilegal.

De acuerdo con el entrevistado, el crecimiento y modificación del Hospital Materno-Infantil se realizó al margen de la Ley General de Salud, ya que el predio en donde estaba construido siempre ha estado afectado por el río Tacubaya y su zona federal. Gran parte del anterior nosocomio se encontraba sobre el cauce de esta avenida de agua situación no permitida por la Ley General de Salud.

Lo ilícito de aquel hospital se debía a que existían fuentes de radiación con energía ionizante y un almacenamiento de gas, algo que prohíbe la ley en zonas contiguas y perimetrales de escuelas, jardines de niños y zonas habitacionales, ya que implica un riesgo para la población, como lo demostró el siniestro de 2015, donde hubo dos muertos y 30 heridos.

El proyecto de un nuevo nosocomio, ahora general, en el mismo predio y otro contiguo, activó la plusvalía y el potencial inmobiliario de los predios ubicado en las laderas norte de las riberas del Tacubaya.

La entonces delegación de Cuajimalpa, detalla Flores, dio viabilidad a un negocio inmobiliario de dos predios, uno de tres y otro de casi 1.8 hectáreas, con los Certificados Únicos Zonificación de Uso de Suelo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalina, apalancándose en una Constancia de Alineamiento y Número Oficial otorgada por el director general de obras y desarrollo urbano de la misma delegación.

Esa administración decidió desaparecer en el papel, el Jardín de Niños Líbano y el Centro de Barrio de El Contadero (una oficina de Correos, el centro del Instituto de la Educación para Adultos, un centro de Artes y Oficios, un salón de usos múltiples, un expendio de leche Liconsa, un pequeño jardín y una plazuela), todo para darle frente al nuevo hospital, y acceso a los predios con potencial inmobiliario. La administración de Cuajimalpa y el gobierno de Miguel Ángel Mancera contemplaron también abrir una calle sobre la zona federal del río Tacubaya para dar supuesta vialidad al nuevo hospital, destaca Flores.

Con seguridad afirmamos que el interés por la construcción del hospital no es social sino inmobiliario. ¿Por qué razón el jefe de gobierno decidió retar al juez primero de distrito en materia administrativa contra la suspensión definitiva concedida recientemente? ¿Por qué se empeña en construir un hospital en donde es inviable e inconstitucional?, se pregunta.

Hay interés inmobiliario concluye el entrevistado.

El gobierno entrante debe resolver que, si se trata de la necesidad urgente de un hospital que atienda la demanda de la población, deberá buscar un predio donde se privilegie el acceso al público, no al negocio, comentó.