Maestros e investigadores afirmaron que el anuncio del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de regresar los servicios educativos a la Federación, suena más a chantaje que a una medida que busque atender los graves rezagos formativos en la entidad.

Luego de que el mandatario estatal anunció que ante la falta de recursos para atender los servicios de educación básica y normal regresará su control al gobierno federal, profesores y directores de educación básica destacaron que no hay condiciones para hacerlo, y en todo caso, el pago de la nómina está controlado por la Federación, por lo que debe haber una auditoría para saber qué pasó con los recursos públicos que se destinaron al pago de prestaciones y salarios.

En entrevista por separado, Etelvina Sandoval, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional plantel Ajusco, afirmó que “esta medida no puede aplicarse sólo porque alguien diga: ‘ahí te dejo los servicios educativos’. Debe existir un proceso”.

La investigadora, experta en el Sistema Educativo Nacional, indicó que la descentralización de los servicios educativos, que se aplicó en 1992, nunca ha terminado de cuajar. El manejo de los recursos aún es muy centralizado y de los temas académicos, como la elaboración de planes y programas de estudio, desde 2015 hubo una reconcentración en el manejo de la nómina a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero esto no quiere decir que no haya una responsabilidad de los gobiernos estatales.

Por su parte, docentes y directivos de educación básica consideraron ilegal la medida, y destacaron que “no se puede simplemente decirle al gobierno federal: ‘no tengo dinero, paga las cuentas y hazte cargo’. Se debe realizar una profunda revisión de las arcas estatales y conocer cuál fue el destino de los recursos etiquetados para el rubro de educación, porque en los gobiernos estatales los fondos educativos han sido cajas chicas”.

El gobierno federal y el sindicato alcanzaban un acuerdo para todo el país, pero luego el gremio tenía otra negociación con los gobernadores, donde se acordaban más prestaciones y pagos, lo que ha hecho que existan entidades con 90 días de aguinaldo, y otras, como Ciudad de México, que sólo cuentan con 40 días. Se trató de un mecanismo, dijo, que involucra la responsabilidad de los propios gobiernos estatales.