Si bien las reformas a la Constitución que modifican los plazos y características para alentar un mayor número de consultas ciudadanas amplían la capacidad de participación de la sociedad en temas trascendentales para el país, éstas deben ir aparejadas de reglas claras que aseguren elementos fundamentales para su realización, como la certeza de los resultados y su imparcialidad, sostuvo la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín.

Si bien la Cámara de Diputados ya inició el proceso de reforma constitucional para posibilitar un mayor número de consultas, San Martín reconoció que por ahora el instituto no ha sido convocado a aportar su opinión técnica al respecto. Sin embargo, confió en que al momento de elaborar la ley secundaria, en la que deberán desglosarse las cuestiones operativas, la autoridad electoral pueda participar para aportar su experiencia operativa y su conocimiento técnico para la mejor realización de estos ejercicios.

Tras señalar que es viable convocar a consultas ciudadanas con plazos menores a los vigentes –pues en la actualidad sólo pueden ser cada tres años, coincidentes con las elecciones federales–, pero en cualquier caso, la clave sobre los plazos está asociado al modelo que se pretende para las consultas. Lo esencial, subrayó, es no perder de vista las garantías para una adecuada realización de estos ejercicios de consulta que esencialmente son: garantizar la participación de toda la ciudadanía, que exista certeza de la imparcialidad de los resultados y que los ciudadanos tengan información suficiente sobre los temas sometidos a consulta, entre otros.

Por lo pronto, San Martín aseveró que en el proyecto de presupuesto para 2019 el INE no consideró una partida específica para consultas populares, porque la autoridad debe proyectar sobre lo que le permite la ley vigente, no sobre eventuales reformas.