Bahía de Banderas, Nay., Mientras defensores de la playa La Lancha, en el municipio de Bahía de Banderas, estaban en Tepic para exigir ante el Congreso estatal que ese balneario sea de libre acceso, trabajadores de una compañía presuntamente contratada por la empresa DINE –acusada por habitantes de Punta de Mita de buscar apropiarse de La Lancha– instalaron una malla metálica e intentaron fijarla con cemento, pero una activista se encadenó a unos anuncios para impedirlo.

El pasado 21 de noviembre ciudadanos se plantaron en La Lancha durante horas, y guardias privados los rociaron con gas lacrimógeno en diversas ocasiones, además de que los amenazaron con toletes y pistolas de electrochoques.

Esto no hizo retroceder a los opositores al cierre del camino que lleva a la playa, quienes advirtieron que DINE busca construir un desarrollo turístico.

Este martes manifestantes que montaron guardia se percataron de que los empleados alzaban una malla metálica y llamaron a más activistas, quienes al arribar descubrieron que también había personal de la Marina Armada de México y un inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Los inconformes aseguraron que los trabajadores les dijeron que la malla sería electrificada.

La cerca quedó instalada provisionalmente, y en cuanto los trabajadores se marcharon los lugareños la quitaron y la enrollaron –como hicieron la semana anterior–, ante la mirada de guardias privados.

En Tepic, defensores de La Lancha acudieron al Congreso local. Durante la sesión, diputados de diferentes partidos aprobaron por unanimidad dirigir un exhorto al presidente Enrique Peña Nieto para que brinde garantías de seguridad a los activistas que han sido amenazados y que se sancione a quienes pretenden apropiarse de la playa. Además, llamaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a que investigue las agresiones y, de ser el caso, emita una recomendación a las autoridades.

José Manuel Venegas, líder de los defensores de la playa, dio a conocer en entrevista telefónica que ayer comenzaron a montar guardias permanentes que se relevarán y mantendrán comunicación constante para apoyarse.

La Profepa ya reconoció oficialmente que la playa fue concesionada a Ranchos La Lancha, Punta Mita, SA de CV, nombre oficial de la empresa DINE.

La dependencia aseguró que busca proteger el lugar, pues la empresa tiene la obligación de reforestarlo. Esto no convence a los lugareños, quienes señalaron que la Profepa pretende entregar a particulares la playa de arena blanca, cuyas olas son apropiadas para practicar surf.

La Profepa sostiene que esto es falso y que en el incidente del 21 de noviembre respondió a una petición ciudadana de revisar del camino que lleva a la playa. Afirmó que sus verificadores encontraron que la flora y la fauna de la zona han resultado afectadas y que la región está contaminada por desechos urbanos, como bolsas y botellas de plástico.

De su lado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acudió a documentar los agravios que sufrieron ciudadanos por parte de guardias privados e inició una averiguación.

Los defensores de la playa, que forma parte de la Riviera Nayarit, indican que La Lancha es el último espacio de libre acceso en el poblado Punta de Mita, y advirtieron que no van a ceder en su defensa. Asimismo, dijeron esperar que el nuevo gobierno federal concluya con los ”contubernios” con los cuales se pretende cerrar el espacio público.