Sacar a los militares a las calles para hacer labores de seguridad pública no funcionó. Fue un error y el país debe aprender. Fue un desacierto darle el mando a la milicia. ¿Por qué repetir el error?, cuestionó el segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Enrique Guadarrama López.

En entrevista, criticó la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de la bancada de su partido, Morena, en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución para crear una Guardia Nacional que contaría con mando militar y mantendría a los elementos de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Sabemos lo que ha pasado en estos 12 años. El entonces presidente (Felipe Calderón) decretó esta estrategia (en 2006) y detonó lo que hemos venido padeciendo en violaciones a los derechos humanos. Tenemos enfrente una experiencia que no funcionó. Es muy importante aprender del error, y si éste fue darle el mando a la milicia, ¿por qué repetirlo? Tendríamos que cambiar el enfoque y la fórmula.

El funcionario subrayó que la propuesta de López Obrador se limita a cambiar el enfoque, pues se planteó como esquema de paz, a diferencia de la visión bélica contra el crimen organizado emprendida hace 12 años. No basta con ello, se debe cambiar la fórmula, y eso sería no continuar con los militares en el mando de las funciones de seguridad, sino fortalecer a las corporaciones civiles.

La presencia militar en las calles, advirtió, es proclive a violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos, por la formación y mentalidad misma de estos elementos. Cifras de la CNDH indican que en más de una década de la estrategia que se basa en la participación de militares y marinos en labores de seguridad pública en diversos puntos del país, la cifra de recomendaciones alcanza 173: contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han sido 129 y 44 contra la Marina Armada de México, de 2007 a octubre de este año.

Guadarrama López indicó que antes de aprobar la propuesta del presidente electo, debe haber un debate nacional para que víctimas, organizaciones de civiles nacionales e internacionales, instituciones públicas de derechos humanos y académicos, entre otros, opinen y se llegue a la mejor solución.

Sería una insensatez, aceptó, sacar de un día a otro al Ejército y la Marina de las calles; sin embargo, su retiro de las labores de seguridad debe ser gradual. Algo, dijo, que no marca la propuesta del presidente electo, y si se eleva a rango constitucional se corre el riesgo de permanencia de esos elementos en esas tareas.

El Congreso, expuso el visitador, deberá considerar los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que regulaba la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.