La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al considerar que la misma podría contener posibles vulneraciones a las garantías ­fundamentales.

El recurso fue presentado el 22 de noviembre por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, en el que pide la invalidez de una decena de ar­tículos –5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17– de dicha norma, la cual asienta que ningún servidor público podrá ganar más de los 108 mil pesos mensuales que percibirá el presidente de la ­República.

El asunto fue admitido por el máximo tribunal, que ya solicitó a las cámaras de Diputados y Senadores un informe de los antecedentes legislativos del decreto por el que se expide la LFRSP, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, en el que conste la publicación del decreto.

El caso fue admitido por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien fijó como plazo 15 días hábiles para que las Cámaras y el Ejecutivo federal entreguen la información requerida, sin perjuicio del análisis que al respecto se haga en la sentencia correspondiente.

En el documento presentado por la CNDH se argumenta que dicha norma se aparta de los mandatos de la Constitución y de instrumentos internacionales suscritos por ­México, por lo que consideró conveniente someterla al conocimiento de la Corte, para que el máximo tibunal sea quien determine su validez.

La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido considera que la LFRSP no desarrolla, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que podría implicar su aplicación.

Para presentar esta demanda de inconstitucionalidad, el organismo recogió opiniones de mil 190 ­personas que han expresado sus inquietudes respecto del precepto legal.

Así, la SCJN determinará la validez de esta ley. Ya existía un precedente contra la norma: la magistrada del tribunal colegiado en materia de trabajo de Sinaloa, Sonia Rojas Castro, interpuso un amparo el 15 de noviembre en contra de ésta; días después obtuvo la suspensión provisional, con lo que sus remuneraciones permanecerán igual.