El gobernador de Baja California, Francisco Vega, propuso al próximo gobierno federal que convierta el albergue Benito Juárez de Tijuana, que al momento aloja a 5 mil 623 miembros de la Caravana Migrante, en una estación migratoria, porque la única autoridad que tiene facultades para solicitar nombres y apellidos o pedir el uso de la fuerza pública si hay algún problema con indocumentados es el Instituto Nacional de Migración (INM). Dijo que el presidente Enrique Peña no le contesta el teléfono, y que confía en que Andrés Manuel López Obrador, una vez que tome posesión como mandatario, trate al problema de los migrantes como un asunto de seguridad nacional.

Los gobiernos de los estados no tenemos facultades para detener a alguien por su aspecto ni para pedir documentos. Y ellos (los agentes del INM) tienen toda la autoridad legal para hacer lo que nosotros estamos impedidos por ley, apuntó, al señalar que su gobierno ya no está en posibilidades de administrar el albergue.

Ofreció que si la Federación se encarga del lugar una vez que entre la nueva administración, seguiremos apoyando en todo lo que esté de nuestra parte, porque en la caravana viene gente de buena fe, pero ayer (el domingo) vimos también gente que iba a una manifestación con una maleta, y supuestamente era pacifica, hay algunos líderes que son ciudadanos de Estados Unidos y están en Tijuana organizando caravanas y motines; pedimos que se les aplique la ley.

Francisco Vega insistió en que el problema de los migrantes es de seguridad nacional, y que el domingo provocó que fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaran gases lacrimógenos al lado mexicano.

Informó que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, le anunció que se enviarán a Baja California 300 elementos más de la Policía Federal, pero consideró que ni eso ayudará a contener intentos de entrada masiva a Estados Unidos, pues se requiere una solución integral.