En una semana, la administración federal concluirá su gestión sin resolver la crisis financiera que agobia a una decena de universidades públicas estatales, las cuales carecen de recursos para cubrir los compromisos de nómina en diciembre, incluido el aguinaldo. Algunas ya tienen adeudos salariales pasados.

En sendos pronunciamientos, hoy la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) solicitarán ya al próximo gobierno y al Poder Legislativo atender de manera directa esta situación y contar con los recursos suficientes reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Estas 10 instituciones educan a alrededor de 580 mil estudiantes, cifra que representa 32 por ciento de la matrícula total del país.

A inicios de este mes, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), había solicitado a Hacienda la liberación de mil 137 millones de pesos contenidos en dos fondos financieros de la Secretaría de Educación Pública (SEP): U080, apoyos a centros y organizaciones de educación, y U081, apoyos para la atención a problemas estructurales de la dependencia, con 437 y 700 millones de pesos, respectivamente.

Sin embargo, Enrique Levet, secretario general de la Contu, reveló que la entrega de recursos fue parcial y sólo cubría, en algunos casos, adeudos de las quincenas de noviembre, por lo que hay un enorme malestar de los trabajadores.

Dijo que de acuerdo con la información que posee esa organización, persiste el riesgo de que los empleados de estas universidades no puedan cobrar las dos quincenas de diciembre, así como las prestaciones sociales de fin de año, incluido el aguinaldo.

Reconocemos la disposición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestada en la asamblea general extraordinaria de la Anuies del 15 de agosto pasado, para que las instituciones de educación superior públicas tengan un incremento en términos reales en los recursos asignados para el presupuesto 2019, dice el pronunciamiento suscrito por los 13 rectores del consejo nacional de esa asociación, documento que ya no hace referencia alguna al actual Ejecutivo ni a las autoridades educativas ni hacendarias del presente gobierno.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuya política educativa estuvo enfocada en reformar el nivel básico, en materia presupuestaria a la educación superior mantuvo un comportamiento errático.

Por ejemplo, en los primeros tres años el promedio de variación anual fue de 2.9 por ciento, menos de la mitad de lo observado en el gobierno de Felipe Calderón, y aunque en 2017 hubo un crecimiento de 7 por ciento, a diferencia de 2013 con 1.4 por ciento, en 2015 apenas fue de 0.4 puntos, situación que no mejoró en el resto del sexenio.

Estuvieron presentes las drásticas reducciones tras la crisis económica de 2015, cuando se afectó en casi mil 860 millones de pesos el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior y del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, destinado a las universidades públicas de los estados.