Las inadecuadas acciones y omisiones en que incurrieron autoridades de los tres órdenes de gobierno provocaron que se vulneraran de manera grave las garantías de más de 500 personas, la mayoría menores de edad, en el albergue La Gran Familia, dirigido por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, Mamá Rosa, en Zamora, Michoacán, quien por más de 40 años estuvo al frente de esa casa hogar.

Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 14VG/2018 por violaciones graves, en la que concluyó que las acciones y omisiones de los servidores públicos contribuyeron a que los responsables de la dirección, manejo y cuidados de los internos de la casa hogar cometieran agresiones físicas y sicológicas, encierro en condiciones carcelarias y diversas vejaciones más en agravio de 536 personas que resultaron víctimas del delito.

La recomendación está dirigida a los titulares de las secretarías de Desarrollo Social y de Educación Pública, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al presidente municipal de Zamora y a los gobernadores de Michoacán, Baja California, Coahuila, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y ­Tamaulipas.

Esta recomendación se emite más de cuatro años después de que trascendió que las personas que estaban bajo el cuidado de Mamá Rosa y su equipo eran víctimas de vejaciones, en julio de 2014. Pese a las indagatorias de las autoridades correspondientes, de ocho presuntos implicados, sólo dos han sido consignados, y Rosa Verduzco, quien murió en junio pasado, no fue sancionada.

Tras su investigación, la CNDH confirmó que se vulneraron los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno e interés superior de la niñez y adolescencia, así como aspectos inherentes a la dignidad humana en su relación con los principios mínimos de atención a las víctimas del delito; a la protección de la salud; a la educación; a la integridad personal; a la identidad; a la seguridad jurídica; a la procuración de justicia, y a no ser sometido a trata de personas, en agravio de las 536 víctimas localizadas en la casa hogar en situación de extrema vulnerabilidad.

“De las evidencias que integran el expediente se observa que las víctimas vivían en situación precaria y de riesgo, e inmersas en condiciones de vulnerabilidad múltiple, ya que todas ingresaron a la casa hogar cuando eran niñas, niños y/o adolescentes, e incluso al momento del operativo (de las autoridades), muchos aún eran personas menores de edad; algunos de los agraviados vivieron por años con restricción en su movilidad en el lugar, siendo víctimas de diversos abusos, tales como la privación de alimentos, agresiones sexuales, privación de la libertad, lo que generó en algunos casos cutting (cortarse la piel con navaja u otro objeto), asimismo, la falta de atención médica afectó su integridad.”