Los funcionarios de alto nivel del gobierno federal que está por concluir, sumaron a sus elevados sueldos otras prestaciones e ingresos extraordinarios, como el llamado bono de riesgo, que en el caso de los 21 secretarios de Estado y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) representó cerca de medio millón de pesos al año, para cada uno.

La secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, responsable de fijar los lineamientos para la entrega de esa percepción extraordinaria en toda la administración pública federal, determinó que en la dependencia a su cargo el bono se entregara a ella, seis funcionarios más y a su secretario particular.

Pensado originalmente para aquellos servidores públicos cuya labor ponía en peligro su integridad física, sin embargo, en la mayoría de las secretarías de Estado el otorgamiento de ese Pago Extraordinario por Riesgo –denominación oficial del bono– ha sido discrecional, para elevar los ingresos de funcionarios y sus allegados.

De acuerdo con información solicitada a la Dirección General de Transparencia de la SFP, su titular, Arely Gómez, recibe ese bono de riesgo desde que llegó a la dependencia, en octubre de 2016. Se trata de 40 mil 472 pesos mensuales, el tope para secretarios de Estado, establecido en el Anexo 24.1.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Ese ingreso se suma a los 199 mil 533 pesos mensuales que percibe como sueldo base la titular de la SFP y al que se deben agregar, además, las prestaciones de vales para despensa y para gasolina, seguros de vida, de gastos médicos mayores, retiro y pago de telefonía.

Sin contemplar estos últimos, tan sólo por el sueldo y el bono de riesgo la funcionaria percibió cerca de 3 millones de pesos el año pasado.

Respuesta a solicitud de información

En la solicitud tramitada por conducto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se pidió a la SFP precisar los montos y criterios con los que se otorgaron los bonos de riesgo a Gómez González, su secretario particular, así como el coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control, el oficial mayor, el titular de Asuntos Jurídicos y los tres subsecretarios de la dependencia.

La Dirección General de Transparencia de la SFP respondió que si bien se trata de remuneraciones públicas, revelar los datos compromete la seguridad de los funcionarios públicos y sus familias.

Sin citar nombres, la titular de esa dirección, Marlenne Magallanes, detalló que totalizan 5 millones 272 mil 405 pesos los bonos a Gómez, los otros seis funcionarios y su secretario particular.

Este último ha recibido 464 mil 626 pesos, de enero de 2017 a septiembre de este año, unos 22 mil pesos al mes.

Se evade explicar el criterio por el que se otorgó el bono al secretario particular de Gómez Gónzález –cuyas tareas son de gabinete, de oficina– y al resto de los funcionarios de alto nivel de esa Secretaría de la Función Pública.

Se argumenta que si bien las disposiciones para el pago de ese bono son emitidas por la SFP, es responsabilidad de las oficialías mayores la identificación del nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los servidores públicos acreedores a esa percepción.

La titular de la SFP no tuvo escoltas del Estado Mayor Presidencial, sino de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que fue titular; resguardo que mantendrá los próximos cinco años, como corresponde a los ex titulares de la PGR.