En México 33.4 por ciento de las 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 reportan haber experimentado violencia obstétrica.

Las entidades con mayor incidencia son Ciudad de México (36.5 por ciento), estado de México (36), Querétaro (34.6), Tlaxcala (34.2) y Morelos (33.7).

Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no prevé de manera expresa el maltrato obstétrico como una forma de agresión en contra de las mujeres, sí es considerada una práctica que violenta los derechos humanos de las mujeres, establece el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en el análisis La Pieza Faltante, la Justicia Reproductiva.

Este tipo de violencia se genera en la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión que cause un daño físico o sicológico a la mujer.

La violencia obstétrica se expresa en falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicación, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre los procesos reproductivos.

Las manifestaciones más comunes de este tipo de agresión son los gritos o regaños (37.42 por ciento), retraso en la atención por quejas de la afectada (34.44), ser ignorada (33.11), presión para aceptar un método anticonceptivo o esterilización (30.9) y posiciones incómodas (30.83).

También están las ofensas (23.43), anestesia denegada (16.18), método anticonceptivo o esterilización involuntaria (13.95), firma involuntaria de papeles (10.72), fue aislada de su bebé por más de cinco horas (5.49).

También son violencia obstétrica las prácticas invasivas y suministro injustificado de medicación, la negativa de tratamiento o aplazamiento de la atención médica, no respetar los tiempos del parto, los regaños, burlas, insultos, manipulación de la información y la falta de respeto por la privacidad de las mujeres.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 incorporó por primera vez preguntas para evaluar la experiencia de las mujeres en su último parto.

La encuesta permite una aproximación a un diagnóstico más completo sobre la magnitud y variables asociadas con la violencia obstétrica en el país, así como un reconocimiento por parte del Estado de la existencia e importancia de utilizar el término como tal, expone el estudio.

Añade que los datos arrojados por la encuesta y por investigaciones previas apuntan a que este es un asunto de violación a los derechos humanos de las mujeres y que no se trata de una situación excepcional o esporádica.

GIRE refiere que existe una resistencia para aceptar que existe este tipo de agresión, sobre todo en el sector médico. Desde GIRE se considera que la respuesta ante este tipo de violencia implica transformar las condiciones estructurales del sistema de salud en todos sus niveles y no individualizar el problema penalizando al personal de salud específico, en especial considerando los obstáculos que enfrentan en el país para realizar su trabajo en óptimas condiciones.

Por esta razón GIRE considera que la tipificación de la violencia obstétrica pierde de vista el problema de fondo y puede resultar contraproducente para los objetivos que se buscan.