Las principales asociaciones de juristas se pronunciaron porque las reformas que se plantean en el Congreso de la Unión no afecten la independencia del Poder Judicial, y demandaron a los legisladores que respeten los tratados internacionales, ya que a su consideración, no se pueden disminuir los salarios que perciben quienes hayan sido designados jueces, magistrados o ministros antes del 25 de agosto de 2009.

Mediante una misiva, el dirigente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, Luis Ortiz Hidalgo, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados, Alfonso Guati Rojo Sánchez y el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, señalaron que una reducción a las percepciones a los citados cargos constituiría una violación al principio de progresividad de los derechos humanos y lesionaría la independencia del Poder Judicial.

En el escrito, fechado el 21 de noviembre, refieren que “se deben prever garantías institucionales que permitan a los juzgadores federales ejercer su independencia. Entre esas garantías se encuentran la inmovilidad del cargo, remuneración adecuada, forma de nombramientos y de cese en sus funciones.

Se argumenta que la norma que ordena que los salarios no pueden exceder el que recibe el Presidente de la República, no es un límite absoluto, ya que no aplica a los funcionarios judiciales nombrados con anterioridad al 25 de agosto de 2009, y, respecto de los que hubieran sido nombrados con posterioridad a esa fecha, permite generar derechos adquiridos desde el momento en que, de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Constitución Política, se respeten sus topes y excepciones.

En este sentido, el magistrado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, presidente del Poder Judicial de Oaxaca, señaló en entrevista con La Jornada: No dudo que estas reformas que está proponiendo la nueva administración entren en vigor a partir de los nuevos magistrados, jueces o ministros ya que hay un principio fundamental que dice que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

En tanto, el magistrado Armando Maitret Hernández, presidente del Sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Esta ley así como está diseñada, viola un artículo de la Constitución que prevé que los salarios de los impartidores de justicia no pueden reducirse mientras estén en el cargo. Es una ley inconstitucional porque atenta contra esta disposición.