l 25 de noviembre se conmemora desde 1999 el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Esta fecha ha sido institucionalizada por muchos Estados latinoamericanos, centrando las actividades oficiales en la lucha contra la violencia doméstica. La radicalidad del movimiento feminista que inició esta conmemoración tomando como fecha el día en que las hermanas Mirabal fueron asesinadas en 1960 por el gobierno dictatorial de Leónidas Trujillo, se ve silenciada por perspectivas que centran el problema de la violencia en los hombres machistas, sin nombrar la violencia patriarcal del Estado contra las mujeres.

Si bien es fundamental desestructurar las condiciones que posibilitan y reproducen la violencia doméstica, no podemos hacerlo a partir de alianzas que silencian las responsabilidades estatales en múltiples formas de violencia que viven las mujeres en México. Mis intereses académicos y políticos me han llevado a documentar y construir alianzas con mujeres que resisten diversas manifestaciones de la violencia patriarcal estatal, que son poco nombradas por los feminismos institucionales.

La violencia del Estado penal ha convertido a las cárceles en un negocio en donde se criminaliza la pobreza convirtiendo a las mujeres presas en mano de obra barata para las maquilas que se empiezan a instalar en las prisiones mexicanas. La violencia del aislamiento total que imponen algunas cárceles femeniles de alta seguridad como Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 de Michapa, en el estado de Morelos, a donde los proyectos educativos y culturales de la sociedad civil no han podido entrar. Las mujeres presas resisten por medio de la escritura, en proyectos como el de la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra, en el Cereso Femenil de Atlacholoaya, o mediante la pintura como el proyecto de Mujeres en Espiral, en Santa Martha Acatitla.

La desaparición forzada es una forma de violencia patriarcal de la que el Estado mexicano es responsable no sólo por omisión, sino por participación directa de sus fuerzas de seguridad. Tal es el caso de Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado, quienes junto con su primo José Ángel fueron desaparecidas por efectivos del Ejército mexicano en diciembre de 2009 y cuyo caso está siendo analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta violencia está siendo denunciada mediante distintas estrategias por las madres de los y las desaparecidas, que con picos y palas le mostraron al mundo la geografía de la muerte que ha convertido al país en una gran fosa. En este momento histórico de violencias extremas urge que el movimiento feminista se pronuncie y construya alianzas con los familiares de los desaparecidos.

La violencia del despojo territorial por parte de megaproyectos ha sido denunciada por mujeres indígenas que se han convertido en las principales defensoras de la madre tierra. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas ha señalado la importancia de incluir este tipo de agravios en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres argumentando que: actualmente, la invasión por parte de las corporaciones amenaza la supervivencia económica de las comunidades indígenas, la salud ecológica de estos territorios y los roles de las mujeres dentro de las comunidades. Cada uno de estos efectos conlleva formas de violencia contra las mujeres indígenas. La contaminación de ríos por parte de mineras, la tala de bosques, la destrucción de la naturaleza son formas de violencia contra las mujeres que el Estado mexicano ha permitido y muchas veces ejercido de manera directa. Las mujeres zapatistas han denunciado esta violencia planteando que la defensa de la naturaleza es parte de la defensa de la vida de las mujeres.

Recuperemos la radicalidad que dio origen a la conmemoración del 25 de noviembre y recordemos que las luchas contra el Estado penal, contra la desaparición forzada, en defensa de la naturaleza y contra el despojo, son luchas contra las múltiples y complejas violencias que afectan las vidas de las mujeres en México.