ué tienen en común Augusto Pinochet, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y José Piñera? La respuesta puede incomodar. Les une ser presidentes legitimados por la vigente Constitución chilena de 1980, y practicar el etnocidio contra el pueblo Mapuche. Todos han dado orden de perseguir mediante el uso de la violencia extrema a comuneros y lonkos Mapuche. Todos son responsables políticos de favorecer la privatización de la flora, fauna y recursos hídricos en territorios pertenecientes a los pueblos originarios. Sin excepción han hecho la vista gorda ante el hostigamiento, acoso y usurpación de propiedades comunales a manos de los terratenientes y sus guardias blancas. Han garantizado la expansión de las empresas madereras, las compañías trasnacionales de la soya y los megaproyectos como la Presa Ralco de la española Endesa, expulsando de sus tierras al pueblo Pehuenche. Han avalado el uso torticero de la justicia, dando manga ancha a fiscales y fuerzas del orden público para encarcelar a dirigentes sin importar el cómo. Baste recordar la recientemente desenmascarada Operación Huracán, realizada en 2017, al amparo de la ley antiterrorista bajo la tutela de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en territorio Mapuche. Sólo los dos primeros meses de aplicación, según las propias fuerzas de carabineros, conllevo la detención de más de 200 comuneros. Posterior a la detención arbitraria, serían encarcelados ocho de sus dirigentes, entre ellos el vocero de la Coordinadora Arauco-Malloco, Héctor Llaitul, acusados de perpetrar actos terroristas y atentar contra la propiedad privada. Hoy, tras las investigaciones del juez instructor, se ha descubierto que fue un montaje orquestado por la fiscalía, el ministerio del Interior y carabineros para amedrentar y reprimir al pueblo Mapuche.

Sigue y suma..., todos han guardado silencio ante el expolio de las tierras comunales facilitando la extensión y expansión de los latifundios, aumentando el poder de los terratenientes. Para garantizar dicha acción los intendentes de las regiones son terratenientes, dueños de empresas forestales, agroindustrias o inversores en megaproyectos. Sin excepción han negado el reconocimiento como pueblo originario, desoyendo el artículo 169 de la OIT (1989) y la Declaración los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobados en la Asamblea general de Naciones Unidas en 2007, donde se consagra el derecho a la autonomía y autogobierno; a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas económicas, sociales y culturales, a vivir en libertad, paz y seguridad (...) sin ser sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia.

Augusto Pinochet, el dictador, y los presidentes putativos Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y José Piñera son cómplices, cuando no responsables subsidiarios o cooperadores necesarios de los asesinatos de comuneros mapuche, perpetrados por las fuerzas armadas y carabineros aplicando la ley antiterrorista. Si durante la dictadura el genocidio se transformó, en territorio Mapuche, en etnocidio, con Ricardo Lagos se continuó la saga. Durante su presidencia, fueron asesinados: Agustina Huenupe Pavian (2002), José Mauricio Huenupe (2002), Antonio Suárez Marihuan (2002), Alex Lemun Saavedra (2002) Julio Alberto Huentecura Llancaleo (2004), José Gerardo Huenante Huenante (detenido y desparecido en 2005) y Juan Collihuin Catril (2006); en el mandato de Michelle Bachelet fueron: Matías Catrileo Quezada (2008) Johnny Cariqueo Yáñez (2008), Jaime Facundo Mendoza Collío (2009), José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil (2014) y Víctor Manuel Mendoza Collo (2014); durante el primer mandato de Sebastián Piñera cayó asesinado Rodrigo Melinao Lican (2013) y ahora fue ejecutado por la espalda, mientras conducía su tractor, el comunero Camilo Catrillanca.

El gobierno de Sebastián Piñera a fin de garantizar el poder de terratenientes y dar seguridad a los inversores extranjeros, ha creado un Comando Especial con licencia para matar mapuches. Ya no son vagos o maleantes a los cuales aculturar, cortar cabelleras o decapitar bajo el pretexto de guerras civilizatorias, hoy se transforman en terroristas a los cuales perseguir, violando todos sus derechos, como se hace desde los tiempos de la conquista. Es la criminalización de la protesta, la persecución de sus dirigentes y el acoso a todo el pueblo Mapuche bajo la acusación de ser terroristas en potencia.

El Comando Jungla, ensalzado por las autoridades como los nuevos pacificadores de la Araucanía, y que realiza cursos y simulacros de guerras asimétricas en Estados Unidos y Colombia, cuenta con una tecnología de uso militar de última generación. Drones, Big data, y algoritmos en la aplicación de modelos y simulacros.

El asesinato de Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla ha levantando, por primera vez en años, una protesta generalizada que ha sido acallada y violentamente reprimida por el gobierno de Sebastián Piñera. Tal vez y sólo tal vez, el colonialismo interno en Chile se esté resquebrajando.