Alrededor de 20 por ciento de los plaguicidas que se encuentran en el mercado nacional son ilegales, es decir son productos falsificados, robados, de contrabando o sin registro, en suma son piratas, aseguró a La Jornada, Gloria Meléndez Roca, directora ejecutiva de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt).

Al ser entrevistada en la ceremonia en la que Proccyt, AgroBIO y la Asociación Mexicana de Semilleros anunciaron que unirán esfuerzos para impulsar la producción de más y mejores alimentos, la ingeniera expuso que dicho ilícito debe ser tipificado como delito grave por lo diversos daños que ocasiona a la salud humana, al ambiente y a la agricultura.

Tras detallar que ya han tenido acercamientos con funcionarios de la nueva administración, dijo que este será uno de los temas que expondrán al próximo gobierno.

Indicó que el comercio ilegal de plaguicidas, además de infringir derechos de propiedad intelectual, es una amenaza para la salud humana, el medio ambiente, los cultivos y pone en riesgo las exportaciones agroalimentarias.

Por ello al adquirir un producto de protección de cultivos es importante verificar, principalmente, que cuente con un registro sanitario, y sospechar de precios muy por debajo del valor normal.

En 2016, la Agencia de las Naciones Unidas contra el Crimen Interregional estimó que por lo menos 15 por ciento del comercio global de plaguicidas, corresponde a productos ilegales, los cuales son productos falsificados, adulterados, robados y/o sin registro sanitario, los cuales se comercializan a un precio y condiciones comerciales que no están dentro de las prácticas autorizadas.

Esto representa ocho billones de dólares, tomando en cuenta que el mercado global de plaguicidas es de 55 billones de dólares.

En México, de acuerdo con estimaciones de Proccyt, uno de cada cinco plaguicidas en el mercado son ilegales; ellos, más de 50 por ciento refieren a plaguicidas sin registro de Cofepris, los cuales pueden ser fabricados con sustancias que disminuyen su calidad y eficiencia.

Entre los principales riesgos a los que se enfrenta el agricultor al utilizar estos productos están el poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente, así como perder su reputación y sus certificados de exportación, lo que amenaza las remesas por envíos agroalimentarios.