La descentralización de los servicios de salud, en operación desde 1997, ha sido un fracaso porque no resolvió los problemas estructurales económicos y sociales y, en cambio, favoreció la corrupción. Por ello, el gobierno que inicia el primero de diciembre entablará un diálogo con los gobiernos de los estados con el propósito de realizar cambios, afirmó Ivonne Cisneros Luján, integrante del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador en el área de salud.

Respecto del Seguro Popular, señaló que se buscará quitarle la esencia financiera para que se enfoque en la salud de las personas. De manera paulatina y progresiva se deberá garantizar la atención de todas las enfermedades que afecten a los mexicanos.

Actualmente, si algún afiliado desarrolla un cáncer en el estómago, por ejemplo, tiene que absorber los gastos del tratamiento porque no están cubiertos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Eso es lo que va a cambiar de manera paulatina, para que al final del siguiente sexenio no haya ninguna exclusión en la cobertura médica, indicó.

Sobre lo comentado por el doctor Jorge Alcocer Varela el pasado miércoles en un foro en la Cámara de Diputados, en relación con el funcionamiento de redes de servicios de salud, Cisneros Luján explicó que estas sustituirán al actual esquema descentralizado.

Más recursos, en servicios médicos para necesitados

La especialista dijo que se prevé aumentar el presupuesto de los servicios médicos para las personas que carecen de acceso a la seguridad social.

Para ello se pondrán en marcha diversos mecanismos de ahorro, optimización y eficiencia en el uso del recurso disponible.

Además, en las redes está prevista la participación de todas las instituciones públicas de salud desde el nivel municipal, de asistencia social y rehabilitación, centros de salud, consultorios universitarios, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal o municipal, así como las clínicas familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) cuando tengan capacidad y se considere procedente.

Actualmente, está en elaboración la propuesta del nuevo gobierno para modificar la Ley General de Salud en el apartado sobre el Sistema de Protección Social en Salud y otro más de los objetivos es terminar con el dispendio de recursos.

En ese sentido, la especialista en salud pública comentó que sólo para el funcionamiento de los 32 regímenes estatales de protección social en salud, encargado de las afiliaciones y otras labores administrativas, se destinan alrededor de 4 mil 600 millones de pesos al año.

Insistió en que la reforma legal de 2003, que dio paso a la creación del Seguro Popular, fue financiera y planteaba que el mercado y la competencia serían la vía para solucionar los problemas de salud.

Con una nueva visión, la siguiente administración considera que ya es el momento de hacer una reforma en salud, donde realmente se dé prioridad al acceso efectivo a los servicios; es decir, se logre la justicia en salud.