El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Luis María Aguilar Morales, afirmó que la existencia de pesos y contrapesos en una nación es parte de la configuración del estado de derecho, por lo que para garantizar una tutela efectiva de los derechos de las personas, el juez habrá de contar con las garantías mínimas de autonomía e independencia.

Al encabezar la ceremonia por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el derecho a un recurso efectivo, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que México enfrenta hoy una situación crítica en materia de desaparición de personas.

Agregó que el Poder Judicial debe ser diligente y ordenar con severidad las acciones de búsqueda y superar la tradición de rigidez burocrática y formalidad innecesaria.

La declaración de Aguilar Morales se da en momentos en que el Congreso ha presentado propuestas para transformar el Consejo de la Judicatura Federal y a fin de que solamente el Senado tenga facultades para designar a sus integrantes, y a pocos días de que una magistrada logró un amparo en contra de la disminución salarial a altos funcionarios del país. Los integrantes del Poder Judicial de la Federación han considerado estas acciones como intromisión de otros poderes.

En el salón de murales de la sede de la SCJN, el ministro aseguró que desde su creación en el siglo XIX, el juicio de amparo ha funcionado como límite real al poder del Estado, de acuerdo con 31 expedientes de la época registrados por México en el programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Dichos documentos muestran el actuar del Poder Judicial de la época para consolidarse frente al poder político y a los intereses económicos de las grandes corporaciones. Este legado documental es evidencia de la evolución de la impartición de justicia en nuestro país y de cómo el amparo fue fortaleciéndose como un elemento jurídico paradigmático que cubre una gama amplia de efectos para la protección, restitución y reparación real y objetiva de los derechos de las personas, detalló.