En 2017 se contabilizaron 330 víctimas de delitos de trata, explotación sexual y formas extremas de violencia contra mujeres en México, la mayoría de las cuales tiene entre 12 y 18 años.

En 63 por ciento de los casos continúan desaparecidas, 34 por ciento fueron localizadas con vida y el resto asesinadas. El crimen organizado está involucrado en 52 por ciento de dichos casos.

Durante la presentación del reporte anual de datos estadísticos y georreferenciados del Sistema de Alerta Roja (SAR), la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés) señaló que Ciudad de México, Morelos, estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco y Puebla son las entidades con más víctimas.

Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de esa organización, aseguró que las formas más comunes de reclutamiento son en primer lugar la fuerza, seguida del engaño y en tercer término la seducción. Aunque también hubo tres casos de venta.

En los sucesos ligados al crimen organizado, la forma más frecuente de explotación fue trata, explotación sexual y privación ilegal de la libertad. El mismo patrón se repite con la delincuencia común.

De acuerdo con Catwlac, han podido proporcionar evidencia de los vínculos establecidos entre los diferentes delitos en materia de trata, feminicidio, secuestro y desaparición producto del hampa, por lo que es importante repensar el tema de las formas contemporáneas de esclavitud y trata de una manera más amplia, señala.

Resaltó que las mujeres y adolescentes son la mayoría de las víctimas y de manera muy desproporcionada afectadas por la violencia sexual, como una forma actual de esclavitud, por lo que se debe hacer un análisis del problema y diseño de políticas públicas desde la perspectiva de género. El año pasado, de las 330 víctimas, 287 fueron mujeres y 43, varones.

La organización agrega que los obstáculos encontrados en el camino han sido problemas con la interpretación de la ley general tanto del Poder Judicial federal como los estatales y el nivel de protección a los derechos de las procesados, violando los principios de lealtad e igualdad.

Además de la mala tipificación de los delitos en la ley general, aseveró que la mayor obstrucción es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) sobre los trastornos y consecuencias que presentan las víctimas.