asi todos, en diversos grados, vivimos bajo el temor en este México donde la vida no vale nada. Hace unos días AMLO presentó el ‘Plan Nacional’ de Paz y Seguridad 2018-2024, que ha sido fuertemente criticado porque se propone hacer constitucional la militarización del combate al narcotráfico y otros delitos federales. Esta no es la postura del CNU (Consejo Nacional de Universitarios), que en el volumen 17 de la colección 2018-2024. Nueva Estrategia de Desarrollo aborda desde diversos ángulos este tema. En el prólogo, José Luis Calva (JLC) señala que las ventas de los cárteles mexicanos de la droga alcanzan la cifra de 600 mil millones de pesos. Su capacidad corruptora ha estado en primeras planas estos días en que se lleva a cabo el juicio al Chapo Guzmán en EU. JLC recuerda la historia de la prohibición de las bebidas alcohólicas en EU y el auge de la mafia. Y dice, irónicamente, que en 1961, ignorando la historia anterior, se firmó el Acuerdo Único de Estupefacientes de Naciones Unidas que prohíbe de manera generalizada las drogas y en 1971 Nixon declaró la guerra contra las drogas.

En 2011 La Comisión Global sobre Política de Drogas publicó el informe de una investigación mundial. Concluyó que no es un objetivo realista prevenir el uso de drogas impidiendo la oferta. La guerra a las drogas no ha sido y no puede ser ganada. Da cuenta de exitosas experiencias de regulación en varios países europeos y sugiere este camino para países como México. Sin duda, dice JLC, la formación de un mercado regulado de drogas constituiría un instrumento primordial para la solución estructural del megaproblema de la criminalidad asociada al tráfico de drogas. Recuerda que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas –eliminado por Ávila Camacho– hubo un mercado regulado de enervantes.

Una de las estrategias que recomienda el volumen y que JLC sintetiza en el prólogo, es atacar el nudo gordiano del lavado de dinero y complementarlo con la fiscalización patrimonial que sería facilitada con la introducción de un impuesto sobre ganancias de capital de las personas físicas, vigente en países de la OCDE, y con la introducción de una disposición que permita gravar ingresos provenientes de cualquier fuente. Añade JLC que “ni la crisis de inseguridad púbica en general, ni la reproducción ampliada del crimen organizado en particular, podrán detenerse –y mucho menos revertirse– sin actuar contra las causas estructurales de la disponibilidad de jóvenes proclives a ser reclutados por la delincuencia organizada o del fuero común”. Según encuestas narradas por JLC, tanto nacionales como internacionales, el principal factor que impulsa a los jóvenes a sumarse a bandas delincuenciales es el desempleo, seguido de la pobreza, la corrupción y la desintegración familiar. Cita el informe del Banco Mundial, Seguridad y desarrollo: “Cuando los Estados, los mercados y las instituciones sociales no garantizan la seguridad básica, la justicia y las oportunidades económicas a los ciudadanos, los conflictos pueden multiplicarse… El mensaje central de este informe es que, para acabar con los ciclos de violencia, es imprescindible reforzar las instituciones y los sistemas de gobierno legítimos de manera que se pueda garantizar la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo”.

Concluye así JLC: “Nuestra propuesta de seguridad pública se inserta en el concepto de seguridad humana, entendida como la ausencia de amenazas y miedos –provenientes del entorno antropogénico– que se logra mediante el establecimiento del estado de derecho y el pleno ejercicio de los derechos humanos que otorgan certeza a la opción de vivir con dignidad, justicia y libertad”.

Víctor Quintana (VQ), escribió el capítulo sobre las experiencias de violencia y las estrategias para reducirla en Ciudad Juárez, que llegó a ser la más violenta del mundo entre 2007 y 2011, ‘logro’ asociado a la guerra al narcotráfico de Calderón: la tasa de homicidios pasó de 23 a 229 por cada 100 mil habitantes. De la guerra al narcotráfico (el Ejército abandonó la ciudad en abril de 2010, y la Policía Federal lo hizo gradualmente a partir de septiembre 2011) se pasó a la estrategia Todos Somos Juárez, cuyo elemento clave, dice VQ, fue la participación de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en la ‘mesa de seguridad’: En este espacio se llevaron a cabo acciones que cambian lo esencial de la estrategia policíaco-militar en Ciudad Juárez, se logra que las nuevas acciones sean consensuadas, planificadas, implementadas y evaluadas por representantes de la sociedad civil y del gobierno, dice VQ, y añade que “la mesa logró un mayor control civil sobre el operativo y su estrategia, dirigiéndolo más a proteger a la población de los delitos que más la impactan que a la persecución de los cárteles”; desde 2011 hay un decremento impresionante en el número de delitos.

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