istérica ha sido la reacción de los inversionistas bursátiles en empresas mineras, y la de éstas mismas, ante la presentación, el pasado martes, de una iniciativa en el pleno del Senado, la cual, en su parte medular, propone revocar concesiones y asignaciones a los empresarios del ramo que no consulten a los pueblos y comunidades indígenas sobre los proyectos de explotación ubicados en sus territorios.

Y como los grandes consorcios mineros, que no son muchos, tienen una kilométrica cola que les pisen (en contubernio con el gobierno federal), en tan solo dos días –martes y miércoles– el precio de las acciones de dos de ellos (Grupo México, del tóxico Germán Larrea, y Peñoles, del no menos tóxico Alberto Baillères) se depreciaron alrededor de 7 y 13 por ciento, respectivamente.

Nada raro sería que Germán Larrea saliera a decir, por enésima ocasión, que si le cambian la jugada cierra la tienda, cancela sus inversiones y se va del país, un anuncio recurrente de este empresario que lamentablemente ha incumplido. Y debería consumar su amenaza, porque le haría un enorme favor a esta República saqueada.

Chantajes aparte, ni en sueños Larrea –ni Baillères– estaría dispuesto a cerrar el más jugoso de sus negocios y fuente de su copiosa fortuna marca Forbes (14 mil millones de dólares en 2017), es decir, la histórica mina de Cananea que –concesión gubernamental de por medio– rebautizó como Buenavista del Cobre, con reservas para no menos de ocho décadas.

A lo largo de los años los barones de la minería han hecho lo que les ha venido en gana, siempre con el gobierno atrás de ellos en calidad de mayordomo, quien les ha entregado millones de hectáreas del territorio nacional. Son neolatifundistas y nadie los toca, y como muestra allí está el caso (agosto de 2014) del ecocidio causado por la empresa de Larrea en Sonora, que hasta la propia autoridad ambiental calificó como el peor desastre ambiental en la historia minera de México.

Pero el gobierno federal nada hizo, salvo mantener intocada la concesión de Buenavista del Cobre (la causante del referido desastre ambiental) y entregar más concesiones a Larrea.

El sexenio del Pacto por México llega a su fin, y entre sus muchos pendientes está el de “transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable… Los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece”.

Para ello, según los abajo firmantes, expedirían una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.

Seis años después, los barones de la minería se mantienen intocados y cada día más poderosos, a sabiendas de que tal compromiso nunca se cumpliría. Sin embargo, parece que ahora sí ven posibilidades de que cuaje la iniciativa morenista, presentada por la senadora Angélica García Arrieta, la cual incluye como causal de revocación de las concesiones el no realizar un análisis del impacto social de los proyectos y por no ejecutar medidas de mitigación por daños al medio ambiente (con esto Larrea, Baillères y otros tendrían que irse, quiéranlo o no).

Las rebanadas del pastel

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dice que esa institución sí puede participar en la regulación de las comisiones bancarias. Felicidades, pero ¿por qué no lo ha hecho?

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