as versiones que circularon en días recientes en algunos medios de comunicación sobre el supuesto recorte al presupuesto de las universidades públicas para el ejercicio 2019 encendieron de inmediato los focos rojos en los círculos académicos del país.

Las reacciones de preocupación e inconformidad en las instituciones de educación superior crecieron tan de prisa que los funcionarios designados para encabezar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el próximo gobierno tuvieron que utilizar sus redes sociales para desacreditar las versiones periodísticas y precisar que dichas informaciones se derivaban de errores de cálculo.

“Fue un errorcito… que ya se compuso”. Así salió al paso Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Crédito Público.

Errorcito o no, lo cierto es que la semilla de la desconfianza quedó sembrada en algunos sectores académicos, particularmente en aquellos pertenecientes a las universidades públicas históricamente más castigadas en las asignaciones de los dineros.

Es conocida y está plenamente documentada la precaria situación financiera que ha colocado a varias universidades públicas al borde de la quiebra. Han empobrecido sus instalaciones y sus plantas docentes, de investigadores y de trabajadores administrativos. Tienen severas deudas con el fisco y con proveedores.

Toda esta tendencia que, lejos de ser corregida y subsanada, se ha profundizado a lo largo de los años, muestra el envejecimiento de instituciones de educación superior que no cumplen ya los estándares mínimos de calidad en la enseñanza, en la investigación ni en la extensión del conocimiento y la cultura.

Es en este contexto que al menos una decena de universidades autónomas, así como un sinnúmero de instituciones politécnicas y tecnológicas, requieren con urgencia de la implementación de auténticos programas de rescate que les permitan salir de la crisis financiera en la que han permanecido sumidas. Todo ello, por supuesto, acompañado de estrictas medidas que garanticen la transparencia y la eficiencia en el gasto.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), las universidades públicas esperarían un aumento real de 3.5 por ciento en sus presupuestos para el ejercicio 2019 y no un recorte. Ese fue el compromiso del presidente electo ante los rectores.

En su más reciente sesión, celebrada hace apenas unos días, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció porque el presidente electo y los diputados consideren un significativo incremento al presupuesto de las universidades públicas, pues éstas juegan un papel preponderante en la formación de una juventud preparada, capaz de atender y resolver los problemas presentes y futuros de la nación.

Y externó su profunda preocupación porque un grupo importante de universidades enfrenta hoy severas restricciones económicas que amenazan su viabilidad en el corto, mediano y largo plazos.

Sin duda, la Anuies y la UNAM deben ser escuchadas. El riesgo de tener universidades inviables es real y no puede ni debe ser menospreciado.

Expandir la instrucción superior a todos los jóvenes hasta lograr la cobertura universal es una de las principales propuestas del presidente electo. No basta con la intención de crear 100 nuevas universidades. De nada o de muy poco servirá si la educación que se imparta en las instituciones de enseñanza superior carece de niveles de calidad óptimos.

El olfato y la intuición política de López Obrador lo alertan sobre la relevancia que las instituciones de educación superior y sus comunidades estudiantiles y académicas, tienen y tendrán para el éxito de su proyecto de gobierno. La educación ha demostrado ser la palanca de desarrollo en diversas naciones y la universidad pública mexicana sigue siendo el modelo institucional mejor acabado que el país ha podido darse para provocar la movilidad social.

En su equipo cercano, Andrés Manuel López Obrador cuenta con destacados universitarios que poseen el conocimiento, la experiencia y sensibilidad probada para asesorarlo y aconsejarlo. Lo que no es conveniente para nadie es que pifias y errorcitos como éste, continúen minando la confianza de sectores, como el universitario, que el tabasqueño cultivó y ganó mayoritariamente a lo largo de los años.