Bahía de Banderas, Nay., Agentes de seguridad privada cerraron la madrugada de este miércoles el acceso a la playa La Lancha, ubicada en el municipio de Bahía de Banderas (Riviera Nayarit); horas después, activistas discutieron con los custodios, quienes dijeron haber sido enviados por la empresa de desarrollo turístico DINE y los rociaron con gas lacrimógeno. El paraje, que se halla entre Bahía de Destiladeras y Punta Mita, ha sido codiciado por desarrolladores desde hace años.

Javier Chávez dijo que fue el primero en llegar y que los uniformados lo rociaron con gases lacrimógenos y me aventaron hacia el lado del sendero.

Aseguró que ayer, poco después de las dos de la madrugada, activistas marcaron al número de emergencia 911, pero nunca llegaron elementos de seguridad pública. Se les pidió apoyo más de una decena de veces, dijo.

Agregó que a las 10:30 horas el director de seguridad pública de Bahía de Banderas, Sergio Dávila, llegó y puso en orden a estas personas. Les ordenó que se quitaran las mascarillas y que dejaran sus toletes.

Dávila habló con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que hablara con los manifestantes y se acordó una reunión para las 3 de la tarde, pero nadie acudió. A continuación, decenas de surfistas y defensores de La Lancha derribaron la malla que rodeaba al paraje.

El pasado 20 de julio la Profepa clausuró el camino de acceso a La Lancha, por el cual transitaban turistas nacionales y extranjeros para surfear.

En un comunicado, la Profepa señaló que, en atención a denuncias ciudadanas, hizo un recorrido y verificó que existía un camino de paso de 620 metros de largo y dos metros de ancho, en cuyo entorno observó afectación de la flora y fauna, así como avanzado grado de contaminación por el depósito de desechos urbanos como bolsas y botellas de plástico y envases de vidrio, debido al uso inadecuado de la zona por escuelas de surfistas que practican en el estero, así como de vendedores ambulantes y visitantes en general.

En el mismo boletín, la Profepa indicó que la región está concesionada para su protección a Ranchos La Lancha, Punta Mita, SA de CV, empresa que tiene la obligación de reforestar y proteger el lugar hasta lograr su recuperación. Agregó que se abriría otro acceso a la playa sin generar daños al ecosistema.

Por este último punto habitantes de la región presumen que hay contubernio entre autoridades federales y la empresa DINE, que instaló una malla metálica para impedir el paso. El otro acceso ya está habilitado con un camino metálico, pero con ello –según los inconformes– se busca que se deje de usar el otro sendero y se comiencen a construir espacios turísticos.

Por lo pronto, personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acudió a documentar los agravios y proponer una mesa de diálogo, afirmó el activista Manuel Venegas.