En el proyecto de la presa La Maroma, que impulsa la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, en una región donde el líquido es escaso y además es área natural protegida, se han cometido irregularidades, entre ellas que funcionarios locales utilizaran documentos falsos para validar permisos. También estaría relacionado con el homicidio del defensor ambiental huichol, Margarito Díaz González, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió tomar en cuenta su oposición al plan como línea de investigación.

La construcción del vaso se prevé dentro del área natural protegida en la modalidad de lugar sacro de Wirikuta, incluido en la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y ocupa parte de la ruta histórica cultural del pueblo huichol. Se abastecerá de agua del arroyo El Jordán y se construirá un acueducto para el riego de 445 hectáreas, que pasará por alrededor de 30 mil metros cuadrados del ejido La Presa. Se contemplan asimismo obras complementarias, como modernizar el acueducto para llevar agua potable a Matehuala, así como la apertura de pozos. Todo esto en 615 hectáreas.

Se removerá vegetación en 92 hectáreas y el vaso de la presa se ubicará en la Sierra de Catorce, sitio donde está el ejido La Maroma; aguas abajo está la comunidad La Presa (que pertenece al municipio de Villa de Guadalupe), la cual será afectada porque dejará de contar con el líquido, pese a que un decreto presidencial les dotó del recurso en 1955, explica su abogado, Daniel Jacobo Marín. El proyecto ya cuenta con autorización ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitido en marzo de 2015.

En la actualidad se prepara el terreno, se han talado áreas forestales y se trabaja en los caminos, detalla el documento. Con este vaso se prevé abastecer agua a Durango, Jalisco y Guanajuato, pero afectaría Wirikuta, pueblo sagrado de los huicholes, reconoce la autorización ambiental de la Semarnat.

El argumento de la Conagua para impulsar este proyecto es el de la escasez de líquido en la región Altiplano y la sobrexplotación de los acuíferos existentes.

No obstante, la manifestación de impacto ambiental, pese a que señala que en la zona hay acuíferos sobrexplotados, plantea la perforación de cinco pozos profundos para la extracción de líquido subterráneo, una parte sería para dotar al ejido La Presa, a cambio de las aguas superficiales en la Sierra de Catorce, explica el abogado.

Señala que no está claro si la Conagua, promovente del proyecto, cuenta con los permisos de cambio de uso de suelo forestal, permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional para usar explosivos, evaluación para remover materiales pétreos y el aval de la asamblea de los ejidos afectados para que el acueducto pase por sus tierras.

Esto último, debido a que la legislación agraria establece que la afectación a esas superficies debe aprobarse por mayoría en asamblea, con la presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y un notario público, pero funcionarios locales de Conagua hicieron actas en la que se incluye gente que ya murió y además no está la mayoría de los ejidatarios. Estos documentos los presentaron a las autoridades agrarias con poderes falsos de ejidatarios.

En el homicidio del activista Díaz González, cometido el 8 de septiembre, la CNDH pidió a las autoridades considerar como línea de investigación su oposición a la construcción de la presa La Maroma y obras de este proyecto en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, en San Luis Potosí.