El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) advirtió sobre el riesgo de la creciente militarización en México para realizar las tareas de seguridad pública.

Podrían aumentar las desapariciones forzadas y la impunidad, señaló, y recomendó al Estado poner en marcha un programa para fortalecer las policías civiles, así como regular el uso de la fuerza de las corporaciones.

El organismo dio a conocer ayer las observaciones de seguimiento a México, examinadas durante su sesión del 5 al 16 de noviembre en Ginebra, Suiza. En un documento de 50 puntos se refiere a diversos temas; entre ellos, reconoce los avances que ha tenido el país en materia legislativa, la existencia de una sociedad civil dinámica, en la que se incluye a las víctimas y una institución nacional de derechos humanos activa. También resalta la disposición del gobierno para reconocer el carácter vinculante de las peticiones de acciones urgentes y medidas cautelares emitidas por el CED.

No obstante, señala que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor el pasado 16 de enero, omitió tipificar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.

El organismo internacional lamenta el retraso en la aplicación de la ley. Subraya que el Código de Justicia Militar sigue sin modificarse para asegurar que la desaparición forzada podrá ser investigada únicamente por autoridades civiles, incluidas aquellas que pudieran ser cometidas por miembros del Ejército en contra de sus propios compañeros.

Resalta que la existencia de la ley no ha tenido impacto en la realidad, pues se mantiene una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, con impunidad y revictimización.

El comité señaló que no existen datos confiables sobre las desapariciones forzadas, las condenas son escasas y es una emergencia el asunto del alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas en todo el país.

Planteó la necesidad de poner en funcionamiento el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas, así como también el sistema único de información tecnológica e informática, todos instrumentos previstos en la legislación general.

El CED también critica que el Estado mexicano todavía no haya dado una respuesta a su petición hecha en 2013 para realizar una visita al país.