l juicio a Joaquín Guzmán Loera, en Brooklyn, es en realidad al sistema político mexicano entero, no sólo a sus ramificaciones policiacas, militares o judiciales. Pero justamente cuando la Guerra contra el narcotráfico entra a su segunda transformación (Felipe Calderón planteó el modelo original y Enrique Peña Nieto realizó la primera transformación, que en realidad fue continuidad), ahora con el ropaje de una guardia nacional de origen militar, con mano castrense y con soldados aún más intrusivos (de aprobarse el correspondiente proyecto de ley, en sus términos, podrían ser auxiliares de las agencias del Ministerio Público), las revelaciones provenientes de Nueva York muestran sin atenuantes el nivel de control del aparato estatal que han llegado a adquirir los grupos ejecutivos del crimen organizado, más allá de planes ingeniosos, declaraciones enjundiosas y buenas intenciones de reformismo compaginado.

Todas las declaraciones y acusaciones surgidas del jurado neoyorquino han de tomarse con las reservas del caso, pues obedecen a estrategias de defensa o ataque por voz de apoderados legales o partícipes y testigos que suelen tener beneficios si se conducen en la línea deseada por los controladores del proceso. Sin embargo, señalamientos crudos, en particular contra personajes de primer nivel, como los citados Calderón y Peña, como presuntos receptores de sobornos provenientes de determinados cárteles, embonan con precisión en el ánimo social que les condena por el contexto y antecedentes de corrupción y abuso que caracterizaron a sus reprobadas administraciones.

En el coro de delaciones que se desarrolla en Nueva York ha tenido un papel destacado Jesús Zambada, apodado El Rey, hermano del discreto Mayo, reputado como el máximo jefe real del cártel de Sinaloa. Ayer, El Rey relató que en 2005 se urdió un plan para asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos, quien era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo, que en 2012 se convirtió en Seido, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; meros cambios de fachada).

La orden de ejecución contra Santiago Vasconcelos tuvo como sustento su grave pecado operativo, según lo dicho por El Rey Zambada: dicho subprocurador “no agarraba dinero… de parte del narcotráfico” y, en ese sentido, no cooperaba con nadie. Peligrosísimo. Los jefes del cártel de Sinaloa desistieron de la intención exterminadora y desactivaron a los verdugos, según el citado Rey. Pero el subprocurador murió en otro de los extraños accidentes aéreos que caracterizaron las etapas de Vicente Fox y Calderón como presidentes.

En la tarde del 4 de noviembre de 2008, en viaje de San Luis Potosí a Ciudad de México, se desplomó el avión cuyos pasajeros más conocidos eran el propio Santiago Vasconcelos y, sobre todo, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el joven economista nacido en Madrid al que Felipe Calderón hizo todopoderoso secretario de Gobernación y virtual precandidato explícito para la sucesión en 2012. El mayor golpe político e íntimo que recibió Calderón durante su paso por Los Pinos fue la muerte de su gran amigo y principal proyecto político a futuro.

En 2005, el mismo año en que los mafiosos sinaloenses tramaban el asesinato del fiscal antidrogas Santiago Vasconcelos, murió en accidente aéreo el secretario federal de seguridad pública, Ramón Martín Huerta, quien había suplido a Vicente Fox cuando éste dejó la gubernatura de Guanajuato para buscar Los Pinos. Y en noviembre de 2011, al caer el helicóptero en el que se transportaba, murió el secretario de Gobernación de Calderón, el tijuanense José Francisco Blake Mora.

Con esos y muchos episodios más (la muerte de Héctor Beltrán Leyva, por ejemplo, que pareciera mensaje con rumbo al norte), pareciera informe oficial de labores, lo que la serie de Netflix Narcos muestra en su cuarta temporada, con Diego Luna, Tenoch Huerta, Joaquín Cosío, José María Yazpik y Michael Peña en los papeles principales.

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