La construcción del nuevo hospital general de Cuajimalpa es una arbitrariedad que viola la Constitución, sostienen pobladores de El Contadero. Refieren a La Jornada que un juez concedió un amparo contra la obra, insistentemente anunciada e impulsada por el gobierno de Ciudad de México (CDMX) a pesar de las irregularidades y los evidentes riesgos de daño ambiental en la localidad.

Desde su inicio en diciembre de 2016, la construcción del nosocomio ha sido objeto de cinco demandas de amparo ante el Poder Judicial Federal en favor de los derechos del pueblo originario El Contadero. La más reciente fue admitida el pasado 3 de octubre por el juez primero de distrito en materia administrativa en CDMX, Gabriel Regis López, quien advirtió la ilegalidad y arbitrariedad de la segunda Convocatoria Licitación de Obra Pública con la que el gobierno de la CDMX retomó la construcción.

El 6 de noviembre el juez concedió la suspensión de oficio de dicha convocatoria (publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de septiembre), así como el contrato de obra pública adjudicado el 23 de octubre a Impulsora de Desarrollo Integral y GAMI Ingeniería e Instalaciones.

El juez consideró que la construcción se inició sin cumplir con las disposiciones aplicables en materia ambiental y de desarrollo. Enfatizó que en un juicio antepuesto en febrero de 2017 y aun vigente hay elementos que evidencian que la licitación (noviembre de 2016)fue emitida sin cumplir las disposiciones aplicables para ello, pues la convocatoria deriva de actos viciados de origen.

En tanto, al presentar su informe, el secretario de Salud capitalino, Román Rosales Avilés, admitió que con la segunda convocatoria de licitación se propone dar continuidad a la publicada en noviembre de 2016.

El juez advirtió que existen actos administrativos del director general de Obras Públicas capitalino, César Alejandro Puente Guerrero, que evidencian que la terminación anticipada del primer contrato de obra pública, adjudicado entonces a Promotora y Desarrolladora Mexicana, fue por carecer de la resolución de impacto ambiental antes del iniciar la obra, y por la afectación a la zona federal del río Tacubaya.

El 3 de noviembre se reinició la obra para dar continuidad a los trabajos iniciados en 2016, a pesar de las ilegalidades documentadas. El juez advirtió que suspender la obra del hospital no afecta el interés social ni contraviene el orden público. Estimó de la mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la afectación del río Tacubaya, un bien público cuyo disfrute o daños afectan a la población en general.

El juez consideró que, de negarse la suspensión provisional, la obra implicaría un daño al medio ambiente sano y el equilibrio ecológico, y también económico para el Estado. Y concluyó: esta media cautelar tiene como fin evitar un perjuicio mayor, pues en la eventualidad de que se negara el amparo, la construcción podría continuar y la reparación sería más difícil para la parte quejosa, incluso para la propia sociedad, pues corre el riego de que la construcción pueda tener avances que impliquen mermar el medio ambiente, sobre todo cuando existen elementos que evidencian que dicha construcción fue cancelada anticipadamente.

No contó con resolución de impacto ambiental, circunstancia que resulta de mayor interés a la sociedad que la realización inmediata de la obra, cuando no se advierte el factor urgente para la construcción.

El próximo 21 de noviembre habrá de realizarse la audiencia incidental para definir si se concede al pueblo indígena de El Contadero la suspensión definitiva.