El Estado mexicano podrá recuperar bienes y propiedades obtenidas por funcionarios y particulares mediante corrupción, así como aquellos obtenidos por quienes se dedican al robo de hidrocarburos, establece la reforma constitucional aprobada por el Senado.

Los corruptos no podrán disfrutar de los bienes adquiridos de forma ilegal, el gobierno podrá recuperarlos y regresar los recursos a las arcas públicas, sostuvo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Ramírez Aguilar, durante la discusión de las modificaciones los artículos 22 y 73 de la Carta Magna, aprobadas por unanimidad, con 99 votos, la madrugada de ayer.

Resaltó que la extinción de dominio sólo opera en ilícitos de delincuencia organizada y contra la salud, pero a partir de esta reforma se amplía a los bienes obtenidos por los llamados huachicoleros y por actos de corrupción.

Detalló que se dota a la extinción de dominio de autonomía procesal, jurisdiccional, por lo que el procedimiento civil, para quitar un bien o propiedad que provenga de dichos delitos, será autónomo, independiente del proceso penal.

La minuta se devolvió a la Cámara de Diputados, ya que los senadores le hicieron cambios: incluir la extorsión entre los delitos que dan pie a la extinción de dominio.

Otra modificación, propuesta por el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, fue para establecer que las autoridades que administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, puedan concretar su disposición uso, usufructo, enajenación y monetización para recuperar los gastos que realizan en su mantenimiento y cuidado.

La reforma establece que la extinción de dominio se verificará en los bienes cuya propiedad no pueda acreditarse y estén relacionados con investigaciones por extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos de servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas e ilícitos sobre hidrocarburos petrolíferos y ­petroquímicos.

Se garantiza que el afectado pueda acceder a su defensa para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto a procedimiento.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, Ana Lilia Rivera, expuso que es necesaria esa reforma, ya que la extinción de dominio no ha logrado la recuperación deseada de activos derivados de la corrupción o del crimen organizado, actividades que convergen en la generación de estructuras financieras y económicas ilícitas.

En la discusión, el coordinador del PAN, Damián Zepeda, insistió en que se separara por completo el proceso penal de la vía civil para aplicar la extinción de dominio, a fin de hacerlo más ágil.

Argumentó que se estima que el crimen organizado obtiene 50 mil millones de pesos al año y en este sexenio sólo se obtuvieron 17 millones de dólares a través de la extinción de dominio.