n Ciudad de México, al igual que en cualquier parte del mundo, los residentes, transeúntes y extranjeros –como gobernados– tenemos obligaciones de todo tipo: pagamos impuestos, obedecemos reglas y atendemos órdenes de las autoridades; necesitamos, para muchas de nuestras actividades, permisos, autorizaciones o licencias. Somos súbditos de la ley y sus agentes: ese es el costo de vivir en comunidad y en nuestro caso en la señorial Ciudad de los Palacios, hermosa aún y últimamente algo maltratada.
A cambio de cumplir con esas obligaciones y pagos, el Estado nos debe dar los servicios que requerimos. Según la filosofía del derecho, sus fines son: orden, seguridad y justicia. En especial el último de ellos, su impartición es, desde la antigüedad, la justificación primera de la polis, de la civitas, del Estado.
Necesitamos de la comunidad organizada, los requerimientos se multiplican y los deberes de los gobiernos también, algunos pueden delegarse a particulares; los de procuración e impartición de justicia de ninguna manera, son su razón de ser y su más alto deber. Según la atinada explicación de Rousseau, si renunciamos parcialmente a algunas de nuestras libertades naturales es en razón de que la comunidad cuidará de nuestra seguridad y de nuestros bienes.
Estos principios fueron entendidos por el Constituyente de 2016 que elaboró la Constitución Política de la capital. En ella hay un capítulo denominado de la Función Judicial; entre las novedades de avanzada para la regulación de este poder, destacan, entre otras, la creación de una sala constitucional integrada al Tribunal Superior de Justicia local; su competencia fundamental es garantizar la defensa, integridad y supremacía de la misma Constitución y del sistema jurídico que de ella emane.
Se creó un Consejo de la Judicatura, juzgados de tutela en las alcaldías, un Consejo Judicial Ciudadano y muy destacadamente, se determinó que quien fuera presidente del Tribunal, no podría simultáneamente dirigir el Consejo de la Judicatura, la duración de su cargo será de un año sin derecho a relegirse. Encabezar el tribunal es un gran honor, el cargo se gana en un proceso democrático, votan por él sus pares, los demás magistrados, y con el nuevo sistema tendrá la oportunidad de presidir la magistrada o magistrado que cada año reciba la confianza de sus compañeros.
En discusión para establecer esta fórmula se tomó en cuenta que el verdadero poder de los jueces, el Poder Judicial, equilibrio y contrapeso frente a posibles abusos de otros poderes, radica en su potestad soberana de dictar sentencias; presidir el tribunal no debe dar a nadie poder político, quien presida es un primus inter pares, su función como magistrado debe ser igual a la de sus colegas. Lo que les encomienda la Constitución es el poder de dirimir controversias y cuidar la constitucionalidad de los actos de los demás poderes.
La Constitución local entró en vigor y traerá a la vida capitalina cambios de fondo; por lo pronto el 9 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia dio un importante paso en ese sentido: eligió a su nuevo presidente, al magistrado Rafael Guerra Álvarez, que hace historia por lo pronto, por ser el primero bajo la nueva legalidad constitucional; le toca abrir una época en la historia de nuestros tribunales. Lo eligieron sus compañeros en una votación reñida, democrática y a la vista de todos. Lo más importante es que en cumplimiento de la letra y el espíritu de la nueva Constitución no hubo relección, con lo que se rompe una tradición que incomodaba al Foro de la Ciudad y a los mismos integrantes del Poder Judicial, tanto jueces como magistrados.
Cuando el cargo se prolonga en el tiempo y a las facultades propias de un juzgador se agregan funciones administrativas y de manejo de recursos, se originan turbulencias que la nueva legislación constitucional logró corregir.
