l pasado 12 de noviembre fueron citados los padres de familia y los alumnos de la escuela primaria Simón Bolívar, de Morelia, Michoacán; los maestros les habían informado a los estudiantes de 6° grado que recibirían una tableta digital para uso escolar. A la ceremonia de entrega asistió nada menos que el gobernador Silvano Aureoles Conejo, acompañado de varios funcionarios. Como acto simbólico, y para los reflectores de la prensa, hizo entrega de un aparato al director de la escuela; sin embargo, apenas se fueron los invitados especiales externos y con ellos se fue también el codiciado paquete de tabletas digitales que habían sido parte de la locación ceremonial, pero que no llegaron a manos de los alumnos.

Esto es apenas un botón de muestra de la magnitud de la corrupción que se vive en Michoacán, de la crisis agudizada en gran parte por la frivolidad de un gobernador que no tiene escrúpulos para renovarse el clóset con trajes sastre que le cuestan al erario público 300 mil pesos cada uno. No hay crisis, asegura Silvano Aureoles y en seguida anuncia que no existen los recursos suficientes para pagar la nómina educativa de diciembre. Así, en la Universidad Michoacana los trabajadores académicos y de apoyo no han recibido su salario desde octubre, lo mismo sucede en otras instituciones tecnológicas de educación superior, mientras que en la básica los profesores amanecieron el pasado jueves con la amarga noticia de que no se habían emitido los cheques corespondientes a la primera quincena de noviembre, un agravio más a la legalidad y el derecho del trabajador.

El presidente de la comisión de educación en la cámara de diputados local que presentó un exhorto al gobierno federal y estatal para resolver con urgencia los problemas económicos del estado, estima que el déficit financiero en los sectores de educación básica, media y superior, ya superó los 6 mil millones de pesos, tan sólo mil millones corresponden a la Universidad Michoacana y están poniendo en riesgo el futuro de la máxima casa de estudios de la entidad; los sindicatos educativos por su parte dicen que podría llegar hasta los 8 mil 200 millones de pesos, según las estimaciones preliminares de sus propias demandas y las de su sector.

El desfalco del gobernador Aureoles alcanza hasta la autonomía financiera de los sindicatos, su administración retiene de manera obligatoria las cuotas sindicales a 31 mil trabajadores de la educación básica que de forma mayoritaria pertenecen a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y al único Comité Ejecutivo Estatal que existe, el de la Sección XVIII, pero que no administra los recursos de sus propios agremiados.

Lo mismo sucede con los fondos de pensiones, los descuentos de las aportaciones económicas de los trabajadores son en automático, pero no llegan completos a la institución que corresponde; hoy se habla de un hoyo de cientos de millones de pesos que se acrecienta de manera tan peligrosa que en el corto plazo seguramente habrá de provocar el colapso del sistema de jubilaciones.

Pese a que el gobernador es el artífice central de la corrupción en Michoacán, se ha convertido en un acérrimo promotor de los Consejos de Participación Social, desde inicios de este ciclo escolar instruyó a su secretario de Educación para que en todas las escuelas y municipios terminaran de completarse estos consejos, se trata de que la sociedad sea vigilante de los programas educativos, de que los recursos sean bien aplicados y de que los maestros no se ausenten; incluso, incita de manera constante a que los padres de familia denuncien a los profesores faltistas porque se van a las marchas; en otras palabras, la rendición de cuentas no recae sobre el actuar de las autoridades y gobernantes, los de arriba están exonerados de culpa, el Estado no es objeto de transparencia.

El objetivo primordial de la participación social es la vigilancia entre los ciudadanos, la autorregulación de la dominación, la administración de la precariedad educativa entre los padres de familia, la confrontación social de los de abajo, la rendición de cuentas entre los desposeídos, no hay empoderamiento horizontal, sino control vertical; no existe autonomía, sino heteronomía que tiene como fuente de poder a una élite corrompida.

Los de arriba no se tocan entre sí, Mexicanos Primero no tiene una demanda por corrupción y desvío de recursos contra el gobierno local, no hay una campaña por todos los medios a su alcance para exigir el saneamiento de las finanzas públicas en el sector educativo, como ha hecho incontables veces contra los maestros disidentes; al contrario, se congratula porque con los Consejos de Participación Social se fortalece la gobernanza, la cual no significa el funcionamiento orgánico y dinámico de la democracia participativa, sino la inclusión de la nueva derecha corporativa a tomar decisiones en el desmantelamiento de la educación pública y los derechos laborales del magisterio.

*Doctor en pedagogía crítica