Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri firmó este viernes el decreto 1054 con el protocolo para derribar aviones en relación a las medidas de seguridad que se aplicarán durante la Cumbre del G20 en esta capital, entre el próximo 30 de noviembre y 1o de diciembre con la presencia de unos 30 mil o más fuerzas de seguridad locales, miles de integrantes de tropas extranjeras, aviones, helicópteros, barcos, en la mayor militarización en la historia nacional. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, es quien decidirá cuáles son las naves peligrosas y cuáles no. Hasta Uruguay tendrá al menos tres buques de guerra y tropas extranjeras, con la protesta de los ciudadanos de ese país.

De acuerdo a esto los protocolos sobre cómo se debía actuar ante vuelos de aviones no autorizados en el espacio aéreo de zonas limitadas durante la Cumbre del G20. para las naves que no acepten las advertencias son duros. En el artículo 5 establece la radarización de la frontera norte de modo tal de lograr un eficiente control y una efectiva disponibilidad de información en relación a la ocupación y tránsito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano.

Otro anexo indica lo que deberá tener en cuenta a Aguad para el derribo de un avión. De acuerdo con el periódico pro oficialista Clarín, serán considerados hostiles o beligerantes todos los que puedan perturbar, poner en riesgo o causar un daño, o que “evidencian claramente la intención de dirigir su línea de vuelo sobre cualquier punto de la superficie terrestre que, ya sea por impacto o lanzamiento, constituya un peligro para los intereses vitales de la nación.

También se considerarán sospechosos los vuelos por debajo del mínimo de altitud, en forma errática, o que se dirijan hacia una zona prohibida después de ser advertido sobre su rumbo. y entre otros a los que realicen maniobras agresivas contra los interceptores, o que lancen o arrojen objetos. La condición de intruso no terminará hasta que el mismo aterrice en el aeródromo que se le ordene y se verifique su situación.

Primero se enviará una advertencia, luego de no obedecer las indicaciones para intervenir en el área en cuestión, seguimiento, exhibición de armamento, maniobras aéreas intimidatorias sin comprometer la integridad física de la aeronave para pasar luego a utilizar armas para obligar a un vector incursor declarado como hostil a que adopte la actitud que se le ordena. Conlleva en sí, una probabilidad de peligro para la circulación aérea de este y a personas y/o bienes en la superficie. Finalmente se pasaría al uso de la fuerza con utilización de armas lo que puede ser letal.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich advirtió a los habitantes de Buenos Aires que se vayan de la ciudad esel próximo 29 de noviembre y disfruten el día feriado porque estando en función la Cumbre del G20 las acciones que se deban tomar contra actos de violencia serán inmediatas y todo va a estar complicado, lo que tuvo una cantidad de respuestas por las redes sociales.

En tanto, fue desactivada una bomba supuestamente colocada ante la puerta del polémico juez Claudio Bonadío, precisamente en el momento en que este ha sido denunciado por varios sectores, ante la falta de pruebas y las serias irregularidades en las causas que lleva adelante y los armados y manejo de testigos arrepentidos, que van presos preventivamente si no aceptan las sugerencias de declaraciones falsas que les hace el magistrado.

Pero lo más grave es que ayer por una también supuesta denuncia anónima –de enero pasado- la Delegación de Asociaciones israelitas- Argentinas (DAIA) denunció a su vez a dos hermanos argentinos Axel Abraham y Kevin Gamal Abraham Salomón, de familia musulmana que sin mediar más investigaciones fueron detenidos ayer acusados de ser simpatizantes de Hezbolá libanés, en un allanamiento donde destruyeron prácticamente la casa de su familia en la que encontraron como reliquias dos viejas armas de caza de principios del siglo pasado, que pertenecieron a su abuelo, como está documentado.

De todo esto se armó ya una operación de allanamiento de otros domicilios de familias de los jóvenes de ascendencia árabe, a los que también intentan acusar de adherentes de Hezbolá, lo que fue desmentido por el abogado Ismael Jalili, quien declaró que los hermanos Salomó “no están están imputados de terrorismo, no tienen nada que ver con la guerrilla libanesa; uno tiene 26 años, el otro 23 y nada tienen que ver. Jalil está apoyado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que él mismo integra.

El gobierno intensificó las tareas de coordinación en seguridad con agencias de inteligencia y funcionarios del servicio secreto presidencial de al menos siete países señala el pro oficialista Infobae.

Según fuentes citadas por este medio “tanto el Ministerio de Seguridad como la Dirección de Migraciones contacto permanente con referentes de la seguridad internacional de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Francia, Australia y China y en las últimas horas se reforzó el intercambio de información sensible y las tareas de control en todo el país, especialmente en Buenos Aires.