Proyectos productivos
para defender el territorio

Francisco Cravioto Lagos Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Defender el territorio aprovechándolo. FOTOS: Consejo Civil Mexicana para la Silvicultura Sostenible, AC.

A lo largo y ancho de la geografía mexicana, distintos proyectos de inversión asociados a profundas afectaciones sociales y ambientales se propagan, impulsados por un gobierno federal y gobiernos locales ansiosos de promover la inversión, el crecimiento económico y la presunta generación de empleos en sus territorios. La lógica bajo la cual se promueven este tipo de proyectos establece que cualquier inversión genera una derrama positiva sobre los territorios y las comunidades. Si se trata de una inversión de volúmenes de capital considerables, los gobiernos hacen hasta lo imposible por permitir que estos intereses realicen sus actividades.

Los marcos normativos son adecuados para establecer condiciones favorables para esta inversión –fortaleciendo las prerrogativas de los promoventes de estos proyectos, frente a una baja regulación laboral, ambiental y de derechos humanos. La política fiscal, los proyectos de infraestructura pública y los programas de subsidios son orientados para favorecer estos intereses. Incluso las fuerzas civiles de provisión de seguridad suelen concentrar su labor en la protección de los sitios donde se establecen estos capitales y las rutas por las cuales desplazan su producción.

En la promoción de estas inversiones, pocas veces se toma en cuenta que estos proyectos suelen afectar profundamente los territorios donde operan. Son grandes consumidores de bienes escasos como el agua, el suelo fértil o la energía, privando a poblaciones locales del disfrute de los mismos. Suelen generar contaminación a partir de la descarga a suelos, acuíferos y atmósfera de sustancias nocivas. En algunos casos graves, pueden modificar permanentemente la orografía, la capacidad de recarga de acuíferos, la viabilidad de ecosistemas o, incluso, atentar contra la diversidad genética y biológica de una región. Actividades tradicionales, de alcance local y de un grado bajo de afectación suelen ser desplazadas por grandes proyectos de inversión con estas características. Entre las amenazas a las comunidades agrupadas bajo estas categorías están los proyectos extractivos, de generación de energía, infraestructura de comunicaciones, desarrollos inmobiliarios o turísticos o agricultura de monocultivo a gran escala, entre otros.

La marginación, la migración, la violencia, la ruptura del tejido social y la inexistencia de estructuras organizativas en el ámbito rural presentan condiciones propicias para la entrada de grandes proyectos de inversión. Estas condiciones facilitan el uso de estrategias de división comunitaria o el uso de gasto social corporativo con el propósito de permitir la imposición de determinadas actividades promovidas por estos proyectos.

Ante este panorama de amenaza generalizada, múltiples poblaciones rurales y urbanas, indígenas o mestizas, de diferentes rincones de la república mexicana y el “sur global”, han emprendido toda una gama de estrategias de defensa del territorio, con distintos grados de éxito. La movilización, las estrategias de generación y comunicación de un discurso ante la opinión pública en favor de la defensa, la movilización de las estructuras agrarias, la presión en favor de la modificación de ordenamientos territoriales o el uso del derecho y el litigio, son tan solo algunas de las estrategias que se han empleado con distintos grados de éxito por comunidades involucradas en la defensa del propio territorio.

Sin embargo, el desarrollo y consolidación de procesos productivos comunitarios ha representado, en diferentes partes del país, una de las estrategias más efectivas de defensa del territorio. Por supuesto, el fortalecimiento de las estrategias de defensa del territorio no es el objetivo bajo el cual se constituyen estos proyectos, en la mayoría de los casos. No obstante, estos proyectos proveen a las comunidades de algunos elementos sumamente útiles para defender su territorio y sus recursos naturales.

Los procesos productivos comunitarios han sido una de las estrategias más efectivas de defensa del territorio.

Comunidades involucradas en actividades como son la producción y comercialización del café, el manejo forestal comunitario, la provisión de servicios ecoturísticos, la pesca, la apicultura o el desarrollo de cajas de ahorro, entre múltiples actividades productivas, suelen contar con algunos elementos sumamente útiles para la defensa del territorio. El volcarse comunalmente sobre una actividad productiva genera bases fuertes de organización. El fortalecimiento y consolidación de estas estructuras organizativas permite que las mismas sean adaptadas para la resolución de todo tipo de problemas, inclusive para hacer frente a una amenaza externa. En torno a la producción se fortalecen los mecanismos de participación, movilización y toma de decisiones.

La presencia de ingresos a partir de estos proyectos productivos genera cierto grado de autonomía económica necesaria para mermar la efectividad de estrategias de desmovilización y división a partir de la promoción del asistencialismo por gasto social corporativo o por programas de apoyo de corte clientelar. Una mayor autonomía económica, conjugada con mecanismos de participación y toma de decisión comunitaria, da lugar a mayor autonomía política.

Los proyectos productivos comunitarios suelen depender del aprovechamiento de los bienes naturales propios del territorio habitado por la comunidad. Conforme el proyecto productivo se consolida, la relación entre la comunidad y el territorio se fortalece, cerrando así el paso a intereses económicos externos que ponen en riesgo los recursos naturales. En casos contrarios, donde no existen comunidades organizadas, es fácil para los promotores de grandes proyectos de desarrollo el obtener acceso al territorio y a los bienes naturales propios del mismo a partir de ofertas de empleo, el pago de un pequeño alquiler o la provisión de gasto social corporativo.

En las regiones rurales, la experiencia demuestra que los proyectos productivos comunitarios fortalecen las bases identitarias y culturales de la comunidad en cuestión. La disposición de mayores ingresos y estructuras organizativas fuertes tiende a permitir a las comunidades orientar su atención hacia la resolución autonómica de problemas identificados por ellas mismas, así como el fortalecimiento del tejido social y de los elementos que configuran la identidad de la propia comunidad.

El presente número de La Jornada del Campo busca ilustrar, a partir de una serie de casos diversos, la importancia de los proyectos productivos comunitarios como estrategia de defensa del territorio. Los casos expuestos han sido escogidos con la intención de representar múltiples experiencias presentes en México. Se procuró llevar a cabo una muestra representativa de distintas regiones del país que incluye: casos de comunidades indígenas y mestizas; con presencia y ausencia de núcleos agrarios; involucradas en distintas actividades productivas; y enfrentando distintas amenazas de grandes proyectos de desarrollo.

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