Democratizar la transición
a la energía renovable

Las energías eólica y solar pueden facilitar la descentralización de la generación de energía y su apropiación por parte de las comunidades. FOTO: José Santamarta Flórez

Sergio Oceransky Fundación Yansa

Las energías eólica y solar pueden facilitar la descentralización de la generación de energía y su apropiación por parte de las comunidades. Sin embargo, el marco normativo derivado de la Reforma Energética fomenta la concentración de megaproyectos en pocas regiones, frecuentemente territorios indígenas (Istmo de Tehuanetepec, Península de Yucatán, Sierra de Puebla, entre otros), lo que provoca serios impactos y conflictos socio-ambientales. Esto no es consecuencia de la energía renovable en sí misma, sino del marco actual legal y de las políticas públicas, ambas diseñadas para favorecer a grandes empresas y excluir la participación de pueblos indígenas y comunidades locales.

Resolver estos conflictos requiere un cambio legal que garantice el derecho a la libre autodeterminación de pueblos indígenas y comunidades locales, y ofrezca a las que así lo deseen la posibilidad de una participación plena y efectiva en la transición energética a través de proyectos comunitarios. Las “consultas indígenas” introducidas por la Ley de la Industria Eléctrica no son adecuadas para este fin, pues son ejercicios de simulación orientados a imponer proyectos, por lo que frecuentemente intensifican la conflictividad socio-ambiental. Pero, incluso si se llevaran a cabo con rigor y seriedad, las consultas no serían una herramienta adecuada para el ejercicio pleno de la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades, entendido como “el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo (…) y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural” (art. 7, Convenio 169 de la OIT).

Las consultas, por definición, giran en torno a proyectos propuestos por empresas privadas y están bajo el control y el diseño del gobierno. La autodeterminación no es posible en un marco tan estrecho, que reduce los derechos de las comunidades a la (dudosa) posibilidad de expresar su opinión sobre iniciativas de terceros.

Existen herramientas más adecuadas para el ejercicio de la libre determinación de las comunidades y pueblos, entendidos como sujetos de pleno derecho que determinan y llevan a cabo sus propias iniciativas. Entre ellas se encuentran la elaboración de Planes de Vida y ordenamientos comunitarios, y la Evaluación Ambiental Estratégica de carácter regional.

La metodología denominada Plan de Vida surgió del movimiento indígena colombiano y ha sido adoptada por organizaciones indígenas de todo el continente. Consiste en un proceso estructurado, independiente de cambios políticos y administrativos, que, sobre la base del fortalecimiento de valores y prácticas comunitarias y democráticas, analiza los problemas enfrentados por las comunidades, establece objetivos colectivos en diversos ámbitos (social, ambiental, productivo, cultural, entre otros) y desarrolla estrategias, planes de acción y proyectos propios para alcanzarlos.

Los Planes de Vida van siempre asociados al ordenamiento territorial comunitario bajo criterios de sustentabilidad ecológica, y a proyectos productivos que sustentan la autonomía y el autogobierno colectivo y democrático. La producción de energía renovable es una de las muchas opciones que deberían tener a su disposición las comunidades para construir y realizar sus Planes de Vida.

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es una herramienta cuyo fin es determinar de manera democrática y transparente el modelo de desarrollo aplicable a cada territorio para un sector económico determinado. Es totalmente diferente a la Evaluación de Impacto Ambiental, pues no evalúa proyectos, sino que ofrece un marco metodológico transparente y participativo para la planificación regional colaborativa. La EAE tiene dos bases: información técnica independiente (idealmente financiada con fondos públicos y elaborada por instituciones académicas con credibilidad social), y un proceso participativo para la toma de decisiones en cada territorio. La EAE estudia las implicaciones socio-ambientales de diferentes modelos de desarrollo, determina la capacidad de carga regional para gestionar los efectos cumulativos, y sobre esa base establece qué modelos de proyectos son deseados y cuáles no tienen cabida en un territorio determinado, y fija límites totales y zonas de exclusión. Su objetivo es la descentralización y democratización de la definición de política pública, respetando las características socio-ambientales propias de cada territorio y las aspiraciones de las comunidades que lo habitan. De acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados por México, en regiones indígenas los pueblos y comunidades deben estar en el centro de la EAE.

El marco regulatorio mexicano menciona la EAE en el marco de la Ley de Transición Energética, pero esta herramienta no ha sido reglamentada y no se ha aplicado aún. Esta carencia ofrece la posibilidad de regularla de forma rigurosa y con enfoque de derechos humanos y colectivos.

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