Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomarán hoy la discusión para determinar si es inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI) que faculta, con un marco normativo, la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad.

El martes, durante la sesión del pleno de la SCJN, seis ministros se pronunciaron en el sentido de que el Poder Legislativo carece de atribuciones para regular sobre este tema, además de considerar que hubo violaciones al proceso legislativo. Para avalar un proceso de inconstitucionalidad se requieren ocho votos, cuando faltan cuatro ministros por presentar su postura.

Ayer, PAN y PRD se congratularon porque el máximo tribunal del país esté a punto echar abajo la Ley de Seguridad Interior.

Marko Cortés Mendoza, presidente electo del PAN, recordó que su partido fue una de las fuerzas políticas que promovieron la acción de inconstitucionalidad, debido a que la norma legislativa colocaba al Ejército como primera instancia responsable de la seguridad. Hoy vemos con agrado que es altamente probable que se deseche.

Por separado, Ángel Ávila, presidente interino del PRD, calificó de buena medida que el Poder Judicial defina claramente cuáles son las áreas en las que cada uno de los poderes debe actuar.

Recordó que la LSI fue criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos porque permitía la militarización permanente del país. Consideró que si se frena dicha ley obligaría al Congreso a legislar de forma distinta y con el acompañamiento de las agrupaciones sociales.

Al respecto, el colectivo #SeguridadSinGuerra llamó a los ministros Beatriz Luna, Luis María Aguilar, Fernando Franco y Alfredo Gutiérrez a que se sumen al rechazo expresado por los otros seis integrantes del pleno de la Corte.

En un pronunciamiento, el colectivo –que reúne a más de 300 organizaciones y personas de todo el país– pidió también al próximo gobierno federal que abandone el esquema de militarización en materia de seguridad pública.