n términos jurídicos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de frenarse la militarización del país que implicaría la Ley de Seguridad Interior, la cual probablemente será declarada inconstitucional; en términos políticos, el Plan de Paz y Seguridad está en camino de dar continuidad a la militarización de facto, mediante el mantenimiento del Ejército y la Marina en las calles para ejecutar funciones correspondientes a las fallidas policías y, en especial, mediante la Guardia Nacional que agregará fuerza y control a los mandos castrenses.

En su primera fase, la Guardia Nacional se nutrirá de las policías militar, naval y federal, y sus mandos coordinarán la acción de las diversas fuerzas policiacas (estatales, municipales). Ayer se anunció que fungirán como auxiliares de las agencias del Ministerio Público (lo cual implica una disminución práctica del poder civil, con el evidente riesgo de que los servidores públicos no militares terminen supeditados al poder de la Sedena y la Semar).

Para esos efectos, la mayoría morenista está decidida a hacer los cambios legales y constitucionales que sean necesarios, según anunció en discurso oficial el ebrardista Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena. Estuvo presente Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, pero no le tocó usar la tribuna, como tampoco lo hizo el próximo secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, aunque sí el de la Defensa Nacional, general Luis Sandoval.

En su intervención, el presidente electo dedicó la primera parte a la defensa del concepto de familia (la mejor institución de seguridad social) y a la exaltación de los valores de la juventud. Luego explicó que al analizar la situación actual del país, del crimen desbordado y la ineficacia de las policías civiles, decidió apoyarse en las fuerzas armadas y proponer la reforma constitucional que permita la creación de una Guardia Nacional en términos distintos a los hasta ahora establecidos en la Carta Magna. López Obrador fue interrumpido en varias ocasiones por aplausos.

A su vez, AMLO propició aplausos a varios de sus colaboradores. En especial, al general Sandoval, al mencionar que se busca generar un cambio en la operación del Ejército (darle un giro) para, entre otras cosas, enfocarlo a la seguridad interior y no sólo a la defensa nacional.

Antes, Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, había leído una amplia explicación de los propósitos del citado Plan de Paz y Seguridad. Reconoció la realidad difícil que se vive en el país, sin ahorrar precisiones y adjetivos, pero luego enumeró las acciones que se tomarán durante el sexenio obradorista, a cuyo fin, o antes, si fuera posible, se tendrá un panorama radicalmente distinto del actual pues, aseguró, los niños podrán jugar de nuevo en las calles, las mujeres podrán vivir sin que las molesten y los hombres podrán trabajar en paz y honradamente.

En coincidencia con la virtual finalización del poder presidencial de Enrique Peña Nieto, en España se ha solicitado la reapertura de la investigación judicial contra Humberto Moreira, quien fue gobernador de Coahuila y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, acusado de los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y asociación de malhechores (nota de Armando G. Tejeda, en La Jornada).

Los fiscales españoles pretenden retomar un caso que mantuvo a Moreira durante casi dos meses en la cárcel en 2016. A pesar de las evidencias delictivas, que ahora son reactivadas, el político norteño recibió de una manera súbita, y de difícil explicación lógica, una especie de desistimiento de las autoridades peninsulares. Mucho se habló en aquel momento de la intervención de representantes del gobierno mexicano para solicitar benevolencia judicial para quien había sido un fuerte aliado de Peña Nieto en la construcción de su candidatura y durante la campaña electoral.

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