El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) impondrá medidas de apremio a la Procuraduría General de la República (PGR) por no dar a conocer las carpetas de la averiguación previa del caso Odebrecht.

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que hasta el momento no había sido notificado de que la procuraduría entregará la documentación requerida.

Lo que sigue es evaluar la imposición de medidas de apremio si fuese el caso de no respuesta y eso seguramente lo tendríamos que resolver este miércoles, día de la sesión pública, por una razón: porque nunca hemos sesionado extraordinariamente para imponer sanciones a un sujeto obligado, sino siempre nos hemos sujetado al tiempo de las de las sesiones públicas.

En caso de que la PGR no cumpla por causas como la suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo para alguno de los implicados en el caso Odebrecht, el Inai mantendría el deber de imponer el medio de apremio que corresponda, aseguró.

Las medidas de apremio son diversas en la ley, desde una amonestación pública hasta la fija-ción de algún tipo de multa por razones del incumplimiento. Lo que va a implicar es el efecto en quienes hayan sido los responsables. Al final (la sanción) que sea va a ser de un gran impacto en caso de que haya habido inobservancia que no se pueda defender ni se pueda sostener aún a pesar de que hay amparo, reiteró.

En octubre pasado el pleno del organismo de transparencia decidió por unanimidad ordenar a la PGR entregar la versión pública de los documentos que consignan la actuación de los agentes del Ministerio Público sobre el caso Odebrecht, así como los expedientes y carpetas de investigaciones abiertas por los posibles sobornos millonarios efectuados por la empresa brasileña a servidores públicos de Petróleos Mexicanos, que antes formaron parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación que un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento contra Odebrecht, que reclamó el impedimento de conocer el dictamen financiero contable que se usó en su contra, causa por la cual, sostuvo, no pudo ejercer una debida defensa.

De acuerdo con el amparo en revisión 192/2018, el decimocuarto tribunal colegiado en materia administrativa dejó sin efecto la sanción que la Secretaría de la Función Pública (SFP) dictó en 2017 contra la constructora brasileña que inhabilitó por cuatro años e impide a cualquier dependencia federal oficiar contratos con la firma.

Sin embargo, el recurso tendrá que ser repuesto para que Odebrecht se ampare nuevamente y la Unidad de Responsabilidades, que depende de la SFP, decida si le impone la misma sanción, se modifica o cancela.

El fallo ordena reponer el procedimiento contra la constructora, entre otras cosas, porque la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial condicionó la entrega de copias certificadas del procedimiento a los representantes legales de Odebrecht, que constaba de 3 mil 610 fojas, a menos que pagara por los documentos.