El mexicano Roberto Ramos, sentenciado a pena de muerte a ejecutarse mañana en Texas, enfrenta una violación flagrante de los derechos humanos e internacional, ya que Estados Unidos no ha cumplido el fallo del caso Avena, señaló la cancillería.

Este sería el sexto caso –todos en Texas– en que se aplica la pena de muerte a un mexicano de los 51 que forman parte del fallo del caso Avena, emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas en 2003, dirigido a mexicanos a quienes se violó el debido proceso porque las autoridades no notificaron al consulado su detención. Además, sería el octavo mexicano castigado con esa pena.

Para salvar a Ramos las medidas legales son bastante estrechas, la abogada está enfocada en cambiar la ley para que se cumpla el debido proceso, sostuvo Greg Kuikendall, director del programa mexicano de asistencia legal.

Explicó que sus dos primeros abogados fueron incompetentes y la ley es clara en que no debe ser así. Recordó que el primero no utilizó testigos para evitar la pena de muerte y el segundo no alegó la incompetencia del primero, esto impide a las cortes de apelación intervenir.

Ramos, de 65 años y originario de Aguascalientes, fue detenido en 1992 y el consulado de McAllen tuvo conocimiento 11 meses después, lo que violó su derecho de avisar a la representación diplomática, garantizado en el Convenio de Viena, explicó el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Alday.

En conferencia de prensa, detalló que en marzo de 1993 se le dictó sentencia por el delito de homicidio triple –presuntamente por matar a su esposa y dos hijos– y se incorporó al programa de asistencia de pena capital en 2002. El caso no ha sido revisado conforme al debido proceso, como señala el fallo Avena. Ramos ha sido privado de un juicio justo y trato igualitario ante la ley, señaló el abogado.