Los diputados federales discutirán hoy, en sesión del pleno, el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual fue aprobado ayer en comisiones. El documento incluye la creación de la secretaría de seguridad pública y la desincorporación de las funciones de protección de la Secretaría de Gobernación, que es una de las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

También incluye la transformación de la Secretaría de Desarrollo Social a la del bienestar, y la creación de las delegaciones de programas para el desarrollo.

El dictamen fue avalado en la Comisión de Gobernación y Población ayer por la noche con el voto de 20 diputados en favor. Los sufragios de apoyo fueron de las fracciones de Morena, Verde Ecologista, Encuentro Social y del Trabajo; por cinco votos en contra de las bancadas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, mientras que los diputados del Revolucionario Institucional decidieron dejar la sesión sin emitir su voto.

En la discusión en comisiones, la diputada Adriana Dávila y Jorge Luis Preciado (PAN), así como Martha Tagle (MC), denunciaron que los delegados estatales tendrán funciones en materia de seguridad. En respuesta, Tatiana Clouthier, de Morena, negó que fuera cierto y pidió a Dávila que le mostrara la parte del dictamen en la que se encuentran dichas atribuciones, a lo que la panista sólo indicó que le mostraría la información posteriormente.

Por su parte, la legisladora morenista Rocío Barrera, presidenta de la comisión legislativa, precisó que muchos de los detalles internos de la secretaría de seguridad pública quedarán definidos dentro de una ley secundaria que se aprobará posteriormente.

El dictamen también incluye modificaciones en el tema de control hacendario, por lo que se fortalecen las unidades administrativas y se hace una especie de oficialía mayor para un tema de compras consolidadas, sin quitar autonomía a las demás secretarias, agregó Barrera.

Por separado, la diputada de Morena, Aleida Alavez, explicó que la oficina de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, podrán hacer investigaciones de los contratos que firmen las distintas áreas del gobierno federal en el mismo momento de su ejecución.

De esta forma podrán realizar una especie de auditoría o inspección en tiempo real, y no como actualmente se realizan, hasta que se concluya el contrato.

Las bancadas de Movimiento Ciudadano y del blanquiazul también acusó de una simulación en torno a los delegados estatales, ya que afirmó que, a pesar de ser adscritos a la secretaría del bienestar, le responderían directamente al presidente.

El dictamen indica que el titular del Poder Ejecutivo federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo que quedará supeditada jerárquicamente a la Presidencia de la República para la coordinación de dichas delegaciones; sin embargo, también explica que éstas quedarán adscritas, jerárquica y orgánicamente a la secretaría de bienestar y sus titulares serán designados por el titular de la dependencia, pero a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.