a senadora Olga Sánchez Cordero no se anduvo por las ramas. Durante la presentación del proyecto de decreto para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, explicó sin ambigüedades que el objetivo de la iniciativa es enfrentar la violencia que agobia al país: “240 mil muertos, 40 mil desaparecidos en 10 años, además de miles de niñas y niños, jóvenes y mujeres, amenazados por el crimen organizado (…) Es el momento de cambiar a través de todos los mecanismos institucionales que tengamos a nuestro alcance para poder construir la paz”. Si bien es cierto que la Ley que se propone tiene alcances muy amplios pues se trata de regular el empleo de la mariguana para usos personales, científicos y comerciales, el propósito central es contar con un instrumento para enfrentar la violencia, pues como lo dijo la futura secretaria de Gobernación: No queremos más sangre que ensucie nuestra patria.

El primer paso lo dio el 4 de noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la ex ministra Sánchez Cordero también jugó un papel central en las primeras resoluciones que permitieron a particulares el uso recreativo de cannabis, junto con el voto de la mayoría de los ministros integrantes de la Primera Sala. Luego, el sentido del primer dictamen fue reiterado en otros amparos sometidos a revisión, hasta que el pasado 31 de octubre se acumularon cinco, con lo que se estableció jurisprudencia que beneficiaría a todos los mexicanos. Con esto el Poder Judicial fijaba claramente su postura dentro del debate social estimulado por la creciente violencia, el avance del conocimiento científico y de las libertades y derechos de los mexicanos.

La iniciativa presentada el jueves cubre un universo más amplio que los permisos otorgados individualmente, pues tiene un alcance nacional para la regulación del empleo de la mariguana para uso personal (uso adulto), para fines de investigación científica, su uso farmacéutico, terapéutico y paliativo, así como para la comercialización y la creación de cooperativas de producción. Así, se articulan los criterios de los Poderes Judicial y Legislativo que se extenderá al Ejecutivo cuando la senadora proponente esté al frente de la Secretaría de Gobernación, para lograr, con toda la fuerza del Estado, una de las mayores y urgentes transformaciones en nuestro país.

Todos los aspectos contemplados en la iniciativa, quedarán bajo la supervisión de una nueva instancia dentro de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, que ejercerá la rectoría absoluta sobre todas las fases de producción de la planta desde la siembra hasta su comercialización y los usos ya mencionados. El instituto tendrá un director que será nombrado por el Secretario de Salud y contará con dos consejos, uno consultivo, integrado por representantes de siete Secretarías de Estado y otro ciudadano del que formarán parte personalidades propuestas por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, lo que brinda permeabilidad entre el nuevo órgano y la sociedad.

Me referiré aquí sólo a dos aspectos contenidos en la propuesta: Sobre los usos con fines de investigación científica, la iniciativa establece que se debe contar con un protocolo de investigación que debe ser autorizado por el Instituto ya citado; en el caso de personas físicas se deberá ser mexicano y para el caso de las morales se deberá contar con el 80 por ciento de capital nacional, con lo que se busca que la investigación se realice principalmente por instituciones y empresas de nuestro país. Lo anterior tendrá efectos muy interesantes, pues al legalizarse el empleo de la mariguana para la investigación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, estará obligado a otorgar financiamiento en los mismos términos que a otros campos del conocimiento.

En el caso del consumo adulto, el artículo 4 establece que toda persona tiene el derecho a portar hasta 30 gramos de cannabis –que es el equivalente a entre 15 y 18 cigarrillos convencionales– y puede cultivar la planta para uso personal dentro de su propiedad, siempre y cuando la producción no rebase 480 gramos por año. Entre las prohibiciones destacan que no pueden conducirse vehículos, o manejar equipo o maquinaria bajo el efecto del tetrahidrocanabinol (uno de los principios activos de la mariguana). Estará permitido el consumo en espacios públicos con excepción de aquellos 100 por ciento libres de humo de tabaco. Con lo anterior quedará anulada la prohibición para el empleo de cannabis con fines lúdicos. La iniciativa establece prohibición y sanciones para quienes fomenten el consumo o la participación de menores, y medidas para advertir sobre los riesgos.

La nueva ley es una pieza indispensable para acabar con la violencia que sufre el país. Es parte de una estrategia integral que incluye nuevas políticas de seguridad y la creación de mayores oportunidades para los jóvenes en la educación y el trabajo. Requiere del máximo apoyo de todos los mexicanos.