omo sabemos, está por comenzar el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, como también sabemos, el Congreso de la Unión ya está formalmente instalado con amplia mayoría de Morena. Tiene sentido la distinción para colocar la mirada en dos iniciativas del senador Ricardo Monreal, cuyo contenido y posible destino arroja luces y sombras sobre el alcance que tendrá un Poder Legislativo hegemónico frente a un titular del Ejecutivo que sustenta su fuerza en los 30 millones de votos que recibió en julio y aspira a lograr lo que ha denominado la cuarta transformación. Está en juego el principio de división de poderes y la orientación que prevalecerá.
El pasado 23 de octubre, el senador Monreal, en nombre del grupo de Morena, presentó una iniciativa que propone la abrogación de la actual Ley Agraria y la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario. La exposición de motivos se sustenta en el marco constitucional vigente, esto es, la contrarreforma salinista de 1992 al artículo 27 constitucional y su corolario peñista con la energética de 2013. El impecable sustento jurídico confirma el mensaje de Morena de que no tocará tan cuestionadas reformas por parte de campesinos e indígenas y a la vez tan festejadas desde el capital nacional y trasnacional.
La Ley Agraria vigente corresponde al espíritu de la contrarreforma de 1992. Ahora, consideró Morena, habrá que armonizar con la de 2013, esto es, darle continuidad. Como claramente analizó y denunció el abogado Carlos González, del Congreso Nacional Indígena (La Jornada, 3/11/18), el propósito central es reforzar los mecanismos para la privatización de las tierras ejidales y comunales y la destrucción de la propiedad social.
Se trata, señaló, de otra reforma estructural neoliberal que convalida poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y minera por encima de cualquier otra. Se reforzó el rol de la tierra como mercancía y colocó los ejemplos respecto a los contratos de usufructo, los derechos a la asociación, a la enajenación de las tierras ejidales, al dominio pleno, el otorgar las tierras en garantía, así como las modalidades para participar en proyectos de inversión pública y privada o aportar tierras ejidales y comunales a sociedades mercantiles o civiles.
En ese sentido se pronunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería, al considerar la iniciativa como amenaza para los derechos de los pueblos, que propicia la penetración de los capitales de inversión en los núcleos agrarios, como son las industrias extractivas, los proyectos energéticos, la urbanización y los agronegocios.
Dirigentes campesinos, indígenas y afromexicanos del movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI presentarán en el Senado una contrapropuesta de Ley Agraria. Resultan naturales las posturas críticas expresadas, que también datan de tiempo atrás. Primero, con sorpresa, nos preguntamos cuál fue el telón de fondo de dicha iniciativa y observamos la velocidad para redactar una ley, luego vimos que se retomaron elaboraciones previas para introducir su armonización con la energética y colocar el tema de inversiones.
¿Cuál es la prisa? No sabemos, pero sí fue un indicador el que PRI, PAN y PRD la respaldaran (boletín 513 del Senado), claro, pues fueron los que aprobaron las de 2013. Parece una suerte de neopactito por México. Lo más destacable fue, sin embargo, el silencio desde todos los espacios del próximo gobierno: Sedatu, Sagarpa, Procuraduría Agraria y, por supuesto, el presidente electo. ¿Respeto a la autonomía del Senado?
Queda en el aire la ausencia de postura en un tema crucial. La siguiente iniciativa monrealista , hace cinco días, marcó el contraste: trata de la eliminación de comisiones que cobran los bancos por servicios financieros, las cuales representan, en promedio, 30 por ciento de sus ingresos . El solo anuncio causó pérdidas millonarias en el valor de los bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana y desplomó el mercado bursátil .
Esta vez el presidente electo declaró que respeta al Senado, pero desde su campaña dijo que no se harían reformas fiscales los primeros tres años.
Al presidente de la República, cuando esté en funciones sólo le quedará el espacio del veto para no publicar la reforma si se aprueba en ambas cámaras. Ya en el escenario de virtual deslinde y abierta contradicción, en el Senado se ha matizado, señala que no se aprobará sin antes dialogar con los bancos. Cuestión que debería ser previa y que en el caso agrario e indígena también se omitió, ni diálogo ni consulta, como apunta el Convenio 169 de la OIT. La reacción diferenciada del presidente electo, ¿sería porque no afectan la bolsa mexicana, o porque la tierra como mercancía favorece al capital?
