Madrid. Los dirigentes del independentismo catalán que gobernó Cataluña entre 2010 y 2012 fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar alrededor de 5 millones de euros (115 millones de pesos) por el uso indebido de recursos públicos en la celebración de la consulta ciudadana de 2012. Entre los condenados se encuentra Artur Mas, ex presidente de la Generalitat y delfín político del histórico dirigente nacionalista Jordi Pujol, acorralado en los últimos años por numerosos casos de corrupción.

Una nueva sentencia vuelve a poner contra las cuerdas a un sector del independentismo catalán. Artur Mas fue uno de los precursores de la vía de la desobediencia para llevar a cabo una deliberación popular en la que la sociedad catalana decidiera su futuro. Con ese criterio impulsó en 2012 una consulta ciudadana, que en realidad pretendía ser un referendo independentista, el cual se convirtió a la postre en el precursor del que se celebró el 1º de octubre de 2017.

Desde aquella consulta popular de 2012 se abrieron varios procesos legales, entre ellos el relativo a los recursos públicos que supuestamente se utilizaron para llevar a cabo el referendo que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional español. Y ahora, casi siete años después, el Tribunal de Cuentas dictó una sentencia que compromete el patrimonio personal de los acusados, ya que los obliga a pagar o a cubrir con bienes inmuebles ese monto de dinero.

Los acusados que tendrán que responder de esos fondos públicos son el propio Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y los ex consejeros (ex ministros) Francesc Homs e Irene Rigau. Esta sentencia se da a conocer tras una serie de decisiones que ha adoptado el tribunal, entre ellas la del embargo de la vivienda familiar de Artur Mas y de otros bienes de los demás implicados, que además ya fueron condenados por el delito de desobediencia por el Tribunal Superior de Cataluña a penas de multa e inhabilitación para ocupar un cargo público.

En señal de protesta los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), que son agrupaciones de militantes independentistas que llevan a cabo acciones en favor de la independencia de España, decidieron protestar contra la justicia española vertiendo estiércol a la entrada de los juzgados de varias localidades catalanas. La justicia española huele a mierda, gritaron, por las sentencias de desahucio por hipotecas impagables, por el proceso contra los líderes del independentismo, por el machismo que impera en sus tribunales y por la persecución que ejerce contra la libertad de expresión.