Zacatecas, Zac., Hace 20 años cerró Real de Ángeles, la primera mina a cielo abierto de Zacatecas y una de las primeras del país, operada por Grupo Frisco, la cual produjo cientos de toneladas de plata durante más de dos décadas para su dueño, Carlos Slim Helú.

La bonanza terminó, pero quedó la contaminación en cientos de hectáreas de cultivo y pastoreo. Tampoco acabaron la miseria ni las enfermedades para sus habitantes. También quedó un gigantesco cráter que aparece en los planos de la aplicación Google Maps.

Antes de que abriera la mina, ubicada en el municipio de Noria de Ángeles (82 kilómetros al sureste de la capital de Zacatecas), se ordenó demoler todas las casas y corrales de Real de Ángeles y reubicar a los habitantes en un poblado construido a cinco kilómetros, pues el yacimiento de plata se encontraba debajo de la localidad.

Hasta la antigua iglesia local, dedicada a San Nicolás Tolentino y catalogada como patrimonio por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue derribada. De acuerdo con cronistas locales, el templo habría cumplido 300 años en 2018.

La minera construyó una réplica de la parroquia en el nuevo caserío, a principios de 1980. Sin embargo, la nueva Real de Ángeles está semiabandonada, sin empleos y, como muchas otras localidades rurales de Zacatecas, asolada por las organizaciones criminales.

A finales de 1998, un ingeniero de la minera fue a la capital de Zacatecas, donde informó a Roy Barragán Ocampo, secretario particular del entonces gobernador, Ricardo Monreal Ávila, que la mina ya había cerrado, sin avisar a las autoridades.

‘‘Se fueron dejando una desolación terrible, una contaminación brutal y pueblos abandonados en los alrededores ¿Desarrollo económico? Ninguno. Montañas de desperdicios con metales pesados que las tolvaneras arrastran a decenas de kilómetros’’, dijo en entrevista Barragán Ocampo.

Recordó que en marzo de 2017 la legislatura estatal aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal y a la Secretaría de Salud de Zacatecas para que realizaran un diagnóstico exhaustivo sobre la contaminación y los daños ambientales que la minera Real de Ángeles dejó en el sur del estado. Veinte meses después, ninguna de las dos secretarías atendió el llamado. Ni siquiera nos contestaron los oficios, sostuvo.

Esta mina no trajo ningún beneficio para Noria de Ángeles y la región, sólo un cráter donde estaba el poblado original. Además de la represa, hoy sólo quedan una serie de montículos, jales y acequias llenos de residuos de selenio, arsénico, plomo, mercurio y flúor, producto de la explotación de plata, plomo, cobre y zinc.

El ex legislador local advierte que es urgente investigar los daños ambientales y a la salud de la contaminación en Noria de Ángeles y municipios colindantes, cercanos a Aguascalientes y San Luis Potosí. ‘‘Los desechos mineros quedaron abandonados. La mina también agotó los mantos acuíferos de la región. El desastre es incalculable. ¿Quién va a poner un remedio mínimo? Nadie’’.

Instancias federales sancionaron a Grupo Frisco por el daño ambiental causado por la mina Real de Ángeles, pero el magnate, aprovechando esa concesión minera, abrió a unos 20 kilómetros, en el municipio zacatecano de Ojocaliente, la mina Real de Ángeles unidad El Coronel, también a cielo abierto, de la que extrae oro y plata.

En un informe del Poder Legislativo de Zacatecas, del cual La Jornada tiene copia, se explica que desde la década de 1990 ‘‘los métodos de operación de la mina Real de Ángeles le valieron recomendaciones y sanciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)”.

Se indica que esta mina cerró en 1998, pero las infracciones a la ley continuaron hasta el nuevo siglo. En 2004 Grupo Frisco fue multado por contaminar gravemente el suelo zacatecano y se le exigió un pago mayor a 3 millones de pesos. Desafortunadamente, no existen datos precisos de la magnitud del problema en Noria de Ángeles.

Las sanciones impuestas por la Profepa a la Minera Real de Ángeles fueron las siguientes: número 029/94, del 14 de noviembre de 1994; 049/VI/96, del 2 de diciembre de 1996; 070/VI/99, del 9 de septiembre de 1999, y 055/VI/2001, emitida el 10 de agosto de 2001, en las cuales la dependencia consigna que la empresa incumplió en forma reiterada medidas correctivas, infringiendo la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Ante la renuencia del Grupo Frisco, en noviembre de 2004 la Profepa le impuso una multa de 3 millones 245 mil pesos por la grave contaminación de suelos, cuyo impacto negativo en la población aún está por determinarse.

El conjunto de irregularidades quedó asentado en el resolutivo de la Profepa 083/VI/2004, consignado en el expediente MET-ME-500-001, y en documentos de inspección elaborados por investigadores y auditores de la dependencia.