La Cámara de Diputados determinó, mediante su Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, que la aplicación de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sí tendrá un impacto económico, aunque aclaró que todavía no se puede cuantificar.

En su opinión, incluida en el proyecto de dictamen que hoy discutirá la Comisión de Gobernación, explicó que el costo de las funciones de nuevas dependencias, como seguridad pública y del bienestar, así como las atribuciones adicionales para la Secretaría de Hacienda podría compensarse, entre otros ahorros, con el de suprimir la burocracia en delegaciones y las oficialías mayores.

Por ejemplo, informó que el costo de mil 79 plazas de oficiales mayores y sus colaboradores en las dependencias implica para este año el desembolso de mil 118 millones 194 mil pesos. En el próximo gobierno, la reforma considera que sólo las secretarías de Hacienda, Defensa y Marina mantengan la figura de oficialía mayor.

Mantener la burocracia de las delegaciones y subdelegaciones federales representó para 2018 un gasto operativo de 4 mil 836 millones de pesos, así como un presupuesto para servicios personales de 16 mil 905 millones; a ello se suma el gasto programable de las delegaciones, por 72 mil 257 millones 785 mil 238 pesos.

Sin embargo, el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas precisó que el costo de constituir las delegaciones, que estarán bajo el control de la próxima secretaría del bienestar, podrá determinarse cuando se cumpla el plazo máximo de 180 días para su conformación e inicio de funciones.

Una perspectiva similar encontró en las funciones que se proponen para la Secretaría de Gobernación, respecto de la atención integral a víctimas.

Refirió que si bien Gobernación ya participa en la atención integral a víctimas, la reforma propuesta incorpora la atribución de diseñar e instrumentar los programas y que los recursos estarán en función de los tipos de programas que diseñen.

Actualmente el presupuesto del programa Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de las violaciones de los derechos humanos asciende a 27 mil 760 millones de pesos.

Respecto de la nueva secretaría de seguridad, expuso que el proyecto menciona que asumir el control de la Policía Federal, sus mandos y el nuevo centro de inteligencia derivará en una retabulación de puestos adscritos a Gobernación.