La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones graves a las garantías fundamentales contra 28 personas, atribuidas a elementos de la Policía Federal y a la Policía Municipal de Tepeaca, Puebla, quienes incurrieron en tortura, detenciones arbitrarias, retenciones y/o cateos ilegales. Tres víctimas son menores de edad.

Debido a ello, el organismo emitió la recomendación 13VG/2018 al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por denuncias en Ciudad de México, estado de México, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Jalisco, junto con el ayuntamiento de Tepeaca.

Son casos asentados en 14 expedientes entre el 8 de abril de 2012 y el 6 de febrero de 2016.

De las 28 víctimas, 24 sufrieron tortura. En tres casos, recibieron tratos crueles e inhumanos atribuibles a agentes federales, y en siete casos a la oficiales municipales.

En 23 de dichos casos se registró detención arbitraria y/o retención ilegal, así como dilación en la puesta a disposición del Ministerio Público.

Además, 14 víctimas fueron detenidas bajo supuesta flagrancia o en una orden de localización y presentación, pero sin orden de aprehensión. Mientras que siete de las víctimas denunciaron cateos ilegales, ya que sus detenciones se llevaron a cabo por parte de la Policía Federal en sus viviendas sin orden de cateo.

A la par, la comisión garante de los derechos humanos dirigió la recomendación por inadecuadas certificaciones médicas o irregulares en agravio de 14 personas. Este señalamiento fue dirigido, igualmente, a la CNS y al ayuntamiento de Tepeaca, así como al gobierno de Michoacán. Mientras que a la Procuraduría General de la República (PGR) también se le giró dicha recomendación, pero por irregularidades de agentes del Ministerio Público, luego de comprobar que personal de la instancia michoacana en Centros Federales de Readaptación Social, así como de la dirección de seguridad pública municipal de Tepeaca, realizaron exámenes médicos que resultaron deficienteso incongruentes en la documentación e investigación de la tortura.

La CNDH solicitó a las autoridades señaladas una reparación del daño, e inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas, para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.