n días pasados, del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores surgió una propuesta encaminada a disminuir o suprimir algunas comisiones y cargos que los bancos cobran a su clientela. Dos reacciones se expresaron de inmediato; una fue como un respiro de los clientes de los bancos, causó gran satisfacción saber que los costos por tener cuentas de ahorros o de cheques o por obtener créditos, podrían disminuir.
Sin ser experto en finanzas, cualquiera puede, leyendo periódicos, darse cuenta de que la banca en México, casi toda extranjera, tiene ganancias muy elevadas y según la información corriente es más productiva que la banca de las naciones en las que están domiciliados los corporativos financieros que tienen sus sucursales en nuestra nación. A la gente, en general, le pareció justo que los costos por los servicios bancarios disminuyeran y los comentarios favorables no se dejaron esperar.
La otra reacción fue la caída en la Bolsa Mexicana de Valores; los medios hablaron de pérdidas elevadas para los dueños de títulos que se cotizan en el mercado accionario. Los conocedores opinaron que se trata de un efecto del proyecto presentado en el Senado. Esta reacción provocó que la iniciativa de ley quedará suspendida para una mayor reflexión y para que antes de cualquier aprobación o desaprobación, se escucharan las voces en contra de la medida y, en mi opinión, también para oír las voces de quienes pudieran estar a favor. Ciertamente se trata de un asunto técnico que, como en cualquier tipo de legislación, debe resolverse tomando en cuenta a todos los interesados y considerando los efectos que la medida legislativa pudiera producir en la economía nacional.
El incidente me recordó las cátedras de derecho y de economía política que he recibido y que eventualmente he también impartido. El tema no es menor; se trata de entender cómo funcionan las leyes sociales, entre las que se encuentran las de la economía. La disyuntiva es si se acepta que una ley económica es similar a una natural o si tiene características diferentes.
Pensando en este tema y en la reacción tan rápida de los mercados financieros, recordé las clases de filosofía del derecho que impartía el maestro Rafael Preciado Hernández. Las leyes naturales son relaciones fatales de causa a efecto y rigen a la naturaleza, lo mismo en la física que en la química o en la biología; se da una causa y necesariamente se produce un efecto, siempre el mismo y siempre igual, lo que podemos hacer es conocerlas y actuar en consecuencia. Así funciona el mundo que nos rodea y del que somos también parte, las cosas son así y no pueden ser de otra manera.
Sin embargo, en el mundo de lo social hay un ingrediente distinto, único, que es la libertad humana o libre albedrío. En el universo todo está regido por las leyes naturales, excepto la conducta humana; las personas tenemos dos facultades exclusivas que nos definen y distinguen del resto del universo, podemos razonar y también podemos optar, dicho de otra manera, pensamos y decidimos libremente.
Cuando un legislador dicta una ley, parte del supuesto de que las personas a quienes va dirigida pueden o no cumplirla, por ello, como complemento imponen una sanción a quien incumpla la conducta exigida. No sale sobrando decir que esa conducta esperada y obligatoria, aunque no automática, debe tener un contenido valioso para la colectividad.
Quienes defienden el liberalismo y las leyes del mercado llegan a equiparar estas leyes con las naturales. El ejemplo más conocido es el de la oferta y la demanda; si hay mucha oferta y poca demanda los precios disminuyen y si es a la inversa, si existe alta demanda y poca oferta los precios se incrementan. Para el jusnaturalismo, las leyes sociales son tendencias a veces muy fuertes y constantes, pero no fatales, no son leyes naturales. La libertad de las personas expresada en una disposición legal o en un acuerdo entre vendedores o entre compradores puede alterar la constante que por mucho tiempo nos hacían pensar en que las leyes de la economía son iguales a las de la física.
El neoliberalismo rechaza la intervención del Estado en la economía y pretende que lo mejor en el mundo de la producción y distribución de satisfactores de necesidades es dejar las cosas al libre juego de las leyes del mercado; quienes consideran que entre las funciones del Estado está el ser rector, ojo, no dueño de la economía, reconocen que existe una obligación de la autoridad de evitar los abusos o los excesos que se pueden dar dejando que estas leyes funcionen sin límite jurídico o ético alguno.
Ese es el debate derivado del incidente iniciado con el proyecto legislativo. El dilema es saber si el Estado es sólo el gendarme guardián o es el representante de la comunidad, con la obligación de velar por la equidad y la justicia en todas las relaciones sociales, en todos los ámbitos de la vida colectiva, incluido el económico. Esa es la diferencia de fondo y debe plantearse con probidad intelectual y buena fe.
